Para nadie es un secreto el atractivo tan grande que despiertan los Ayuntamientos para las y los corruptos. La mayor autonomía en determinadas áreas, la falta control, malas prácticas y manejo de altas sumas de dinero facilita la comisión de delitos.
Pero en el caso de Hidalgo, la gestión municipal es más que un auténtico pantano, porque recién nos enteramos que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado, acumula 1, 894 denuncias contra servidores públicos de 68 de los 84 municipios.
Los denunciados son lo mismo policías, presidentes municipales, regidores, síndicos, directores de área, incluso ex alcaldes. Pachuca concentra el mayor número de carpetas de investigación con 498, le siguen Mineral de la Reforma con 210 y Tulancingo con 60.
Los casos son tantos que, a medida que pasa el tiempo, se nos van olvidando y la Fiscalía está prácticamente ahogada, sus resultados son escasos, y el reino de impunidad que se propuso combatir sigue intocado.
Ante esta pincelada de corrupción municipal, se hace urgente reforzar los controles, pero eso también es un fracaso.
Por ejemplo, se supone que por ley, que las y los servidores públicos que ocupan puestos como Tesoreros, Contralores, Oficiales Mayores, Titulares de la Instancia de la Mujer, de Obras Públicas o Ecología están obligados a participar en el Sistema para la Profesionalización y deben estar certificados desde el primer año de gobierno para evitar actos de corrupción.
Hace un mes se agotó el plazo y nos preguntamos ¿cuántos se han certificado?, ¿cuántos han sido removidos por no cumplir esta obligación al 15 de diciembre? y lo más importante ¿qué autoridad está revisando este cumplimiento?
Llevamos décadas manejados por corruptos, y mientras los mecanismos de control como no funcionen, y las faltas no tenga consecuencias reales, legales o institucionales, las denuncias se seguirán acumulando y ya sabemos cómo van terminar: por cada 100 actos de corrupción, 99 quedarán impunes. Así nos va
