Por enriquecimiento ilícito, peculado y del ejercicio indebido de atribuciones, cuatro exfuncionarios, de la administración de Omar Fayad Meneses están bajo investigación y vinculados a proceso de prisión preventiva justificada; no hay investigaciones contra el exgobernador, así lo reveló Santiago Nieto Castillo, encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Entrevistado al término de la presentación de la propuesta de Iniciativa de Ley para el Combate a las Operaciones de Recursos de Procedimientos Ilícitos, (ORPI), señaló que se tienen cinco órdenes de aprehensión por cumplimentar, es decir, se hablaría de siete en total, de las cuales, dos están relacionadas con autoridades municipales.
Por esta razón, se trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes, para dar con el paradero y su posterior detención de estos exfuncionarios.
Dijo que las pesquisas no están centradas en el ejercicio fiscal 2022, también de anteriores: 2020 y 2021. Esto, permitirá judicializar las carpetas de investigación por los delitos ya mencionados.
Nieto Castillo puntualizó que aún tienen varias investigaciones pendientes en las que, están directores generales, presidentes municipales y exsecretarios, todos ellos, relacionados con la Estafa Siniestra y la llamada Operación Zafiro.
Si bien, el tema del exmandatario hidalguense ha dado de qué hablar en las últimas horas, el procurador comentó que no existen denuncias por la declaración patrimonial millonaria, que fue presentada el 19 de octubre de 2022 a la Secretaría de la Contraloría.
“La Contraloría debe generar un modelo de evaluación y de evolución patrimonial de los servidores públicos. Hay una enorme relación con el contralor Álvaro Bardales y un trabajo coordinado para avanzar en materia administrativa como en materia penal, en los temas vinculados de la Estafa Siniestra como otros dados que ya son investigados”.
Detalló que han sido los presidentes municipales quienes han aportado datos en torno a los exfuncionarios de la gestión pasada, por lo que, en estos momentos, se han llevado a la acción tres órdenes de aprehensión en contra de accionistas de empresas relacionadas con los hechos.
“Vamos a seguir, por supuesto, avanzando de todas las empresas para encontrar a los beneficiarios finales; muchas de estas empresas, particularmente, en los casos de operación Zafiro y de la Estafa Maestra estaban relacionadas y tenían beneficiarios finales que eran servidores públicos, pero también accionistas que eran en realidad prestanombres. Es muy importante avanzar con los nombres”.
Si bien, algunos empresarios han optado por el amparo, esto no significa que ya sean sustraídos de la acción de la justicia, sino, que no se cumplimenta la orden de aprehensión.

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