Hace unos días, y teniendo como antecedente la culminación del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo, los diputados de Hidalgo hicieron algunos cambios transcendentes en la legislación local.

Entre las novedades se encuentran una modificación a la constitución para tener la posibilidad de reelegir a los alcaldes de la entidad. Una deuda histórica que se tenía y que no se había hecho realidad, porque los ayuntamientos tienen una duración de cuatro años.

Con la reforma citada, el periodo se reduce a tres años con la posibilidad de volver a competir por un periodo más. Esto genera (al menos en teoría), la continuidad administrativa en el primer eslabón de autoridad que tiene el ciudadano.

Esto es, la instancia que proporciona un acta de nacimiento, que lleva el registro civil, que administra parques, jardines, mercados, vialidades, panteones y que proporciona servicios como alumbrado público y seguridad pública.

Bajo este esquema, se busca fortalecer aquellas responsabilidades y, a través de un nuevo marco legal, se permita la continuidad de los servicios antes mencionados y aspirar a un ejercicio más eficaz y eficiente de las actividades.

También por el Congreso pasó la iniciativa del gobernador Julio Menchaca, de crear un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Es decir, replicar el modelo nacional a nivel local y tener la certeza de que los bienes que son adquiridos por particulares de manera ilegal, sean reintegrados al Estado.

A este trabajo hay que sumar la aprobación del presupuesto de egresos del 2023. Una de las actividades prioritarias de esta soberanía, que debe analizar a dónde se destina el dinero de los hidalguenses para el ejercicio fiscal del año que está por iniciar.

Sin embargo, se quedaron pendientes algunas cuestiones como la revocación de mandato. Un mecanismo de participación ciudadana, que promovió el presidente López Obrador y que Julio Menchaca desea impulsar en el estado.

Todavía hay muchos pendientes, pero la buena noticia es que existe trabajo legislativo. Al parecer, en el presente periodo se incentivaron las actividades por la vocación legislativa del gobernador, que mando un paquete de propuestas y por la prisa de algunos legisladores por brillar antes del año electoral.

Muchos de los que ahora ocupan una curul, tienen planes para ser presidentes municipales, buscar la reelección o meterse de lleno en la campaña presidencial, que inicia el 2023. Todos ellos, quieren lucir y mantenerse activos.

No obstante, en toda esta lógica hay alguien que no tiene ni prisa ni aspiraciones visibles. Se trata del diputado sin partido, Francisco Xavier Berganza, quien se encumbró como el legislador con menos colaboraciones en el pleno.

Su trabajo gris se explica fácilmente. A mediados de este año pidió licencia para postularse nuevamente como candidato a la gubernatura por Morena. Ante la negativa de este partido, decidió competir por Movimiento Ciudadano. Después de perder, regresó a su curul con más frustraciones que iniciativas.

Por estos motivos, no se le puede reclamar mucho al siempre acomodadizo Berganza. En realidad, su espacio como legislador, se entiende como una plataforma propicia para saciar intereses personales.

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