Propone Morena fiscal general de siete años, con opción a remoción

A cinco días de que termine la LXIV Legislatura, el diputado Víctor Guerrero Trejo presentó la cuarta propuesta para crear la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo, con la que se pretende colocar un titular por un periodo de siete años, pero con posibilidad de ser removido del cargo.
Según el morenista, quien preside la comisión legislativa que dio paso a que Alejandro Habib Nicolás, fuera electo procurador el pasado viernes, únicamente Hidalgo y Tlaxcala no cuentan no fiscalías autónomas, y apuntó que la pasada legislatura, la LXIII, amplió el periodo de titular de tres a cinco años, en vez de reformar la institución.
“Otro de los puntos de suma importancia es el establecimiento de requisitos de elegibilidad (quién no puede ser fiscal) y criterios de selección (idoneidad) de la persona que sería Fiscal, evitando requisitos discriminatorios, además de contar con un sistema de designación que incluya un sistema de contrapesos, tanto en el nombramiento como en la remoción…”, apuntó.
No obstante, la propuesta de reforma a la Constitución de la entidad considera que la elección del titular de la fiscalía general será, previo a la emisión de una convocatoria abierta, a propuesta de quien encabece el Poder Ejecutivo estatal, que deberá enviar al Congreso una lista de al menos cinco perfiles, como ocurrió con la renovación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
La propuesta añade que el Ministerio Público se organizará en la nueva institución como órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, el titular de la fiscalía general y de las especializadas en Delitos Electorales y en Corrupción, sólo podrán ser removidos por la comisión de delitos, faltas administrativas graves y “por el incumplimiento grave de sus atribuciones en perjuicio de los intereses fundamentales y de su buen despacho”.
Según el artículo tercero transitorio, quien se encuentre al frente de la PGJH al momento de la publicación de la reforma, tendrá 30 días naturales para integrar una Comisión Interinstitucional de Transición, en la que en la que participará personal de esa institución, de las secretarías de Gobierno y de Finanzas Públicas, de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Planeación y Prospectiva y un representante de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso.
Asimismo, la conclusión de dicha transición podrá concretarse en un plazo no mayor a dos años

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