Algo que ha preocupado de manera importante, fue la expresión de todos y cada uno de los mandatarios estatales, respecto de una solicitud que se hiciera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que no se elimine la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior es de preocupación, puesto que dicha figura jurídica, implica una clara violación a diversos derechos humanos, que no tiene ningún tipo de sustento ni constitucional ni convencional, que ha servido como un lastre para la justicia y una forma de engaño social.
En tal sentido, se ha privado de la libertad a una diversidad de persona sin causa justificada, con la única intención de mentirle a la sociedad estableciendo una supuesta justicia, que no existe puesto que, no han sido condenados para violentar sus derechos humanos y con ello, evitar una verdadera justicia puesto que, ello impide saber la verdad.
No obstante, que quienes son servidores públicos, representantes de nuestra nación y que se ostentan como garantes de los derechos de todas las personas, soliciten mantener una figura que restringe y viola derechos de manera reiterada, lo cual parece una cuestión no solo grave sino alarmante.
En consecuencia, si la preocupación de la autoridad es la posibilidad de impunidad o incluso de un alza delictiva, parece que como sociedad debemos exigir más de nuestros gobernantes y no solo una pantalla sino una verdadera justicia, donde acrediten que exista un peligro de sustracción o que realicen una mejor investigación, para tener juicios más rápidos y eficaces e incluso, que las medidas cautelares impuestas, sean suficientes porque las mismas se encuentran bajo su mando.
En tal sentido, pareciera una llamada de auxilio donde establezcan que sin violentar derechos humanos, no pueden tener una actuación mínimamente esperada, porque violentando derechos nunca será debida, es momento de cambiar a un país de derechos y de deberes de autoridades.
juanfer_lm@jfg