Hace unas semanas el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, resolvió a través de un acuerdo donde votaron a favor la mayoría de los partidos políticos, que en 20 municipios se postularan solo mujeres al cargo de presidente municipal.

Esto es, y según el razonamiento de la autoridad electoral, dos docenas de espacios como mínimo para el género femenino, en lugares donde nunca antes ha gobernado una mujer. Lo anterior, en la esfera municipal.

Las implicaciones son varias y todas en sentido positivo. En principio hay que decir que existe desde hace años, la obligación paritaria por ley. Es decir, en el caso del estado de Hidalgo donde hay 84 municipios, la mitad de las fórmulas participantes tienen que ser encabezadas por mujeres.

El criterio paritario, sin embargo, no garantiza en última instancia un espacio para este sector que estuvo (y quizá vale decir: está) excluido de la política estatal. En otras palabras, aun teniendo la obligación legal de postular 50% de candidatos hombres y 50% de mujeres, los resultados en las urnas no garantizan una distribución equitativa.

Quizá por eso, el acuerdo referido líneas arriba, establece que en al menos 20 municipios los partidos políticos (todos) postulen fórmulas encabezadas por el género femenino. De esta manera, se garantiza que en esas demarcaciones habrá una munícipe al frente del ayuntamiento.

Vale la pena mencionar que todavía es minoritaria la cuota establecida (20 espacios), pero el antecedente que se tiene en la entidad es de 17 mujeres al frente de una administración municipal.

En suma, es un acierto que las autoridades electorales y los partidos busquen la forma para que más y más mujeres, estén en la primera línea de decisión; y no es casual que se establezca el municipio como primera meta, porque hay que recordar que desde ahí se tratan los asuntos más cercanos a la gente: la recolección de basura, alumbrado público, mando de policía, licencias de construcción, parques, jardines, mercados, panteones, etc.

Por tanto, bien vale la pena tener representantes mujeres que vayan vinculándose “desde abajo” con los asuntos públicos, para que –a la postre– se tenga una base sólida que impulse estos perfiles a otras responsabilidades.

Es muy curioso, en contraparte, escuchar algunas voces que todavía se quejan de la cuota de género en algunos municipios. Hay quien expresa, que existen liderazgos masculinos consumados y que esa “dádiva” complica mucho a los partidos políticos.

Nada más falso. El derecho a la participación política tiene como efecto el robustecer la democracia con la garantía que todas tienen la oportunidad de ejercer los derechos políticos a plenitud. Es más, también se establece en la norma cuotas específicas para jóvenes, discapacitados, migrantes, indígenas y minorías sexuales.

Aunque cueste trabajo acomodar los intereses políticos con las anteriores condiciones, hay que ver en positivo que estas reglas tienen un efecto de representación en espacios que hace poco eran exclusivos de unas cúpulas.

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