La bancada de Acción Nacional (PAN) propuso sancionar con ocho a 16 años de cárcel y multas de 500 a cien días, a quien realice extorsiones vía telefónica en la entidad.
“Frecuentemente las llamadas de extorsión se realizan desde el interior de los Centros de Readaptación Social, situación contraria a los reglamentos de estos sitios en los que, se supone, ningún recluso debería tener acceso a equipos de telefonía celular”, dijo el legislador Rodrigo Castillo Martínez.
Aseveró que en el país se realizan hasta 3 mil llamadas diarias para denunciar este ilícito, por lo que señaló que está conducta se ha incrementado “exponencialmente” en México, incluido Hidalgo.
Apuntó que en 2021, según el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), se recibieron 5 mil 785 denuncias por extorsión telefónica al número de atención 089.
La propuesta agrega que si la extorsión se efectúe por modalidad ordinaria, la pena alcanzará hasta 12 años de cárcel.
“El que con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, se le impondrá prisión de 4 a 12 años y multa de 100 a 400 días. Al responsable de la extorsión, además se le aplicará el decomiso de los bienes ilícitamente obtenidos que obren en su posesión al momento de su detención y cuya propiedad no sea acreditada de manera fehaciente en favor de terceros”, dice el documento.
Asimismo, si el autor o partícipe de la extorsión es servidor público o miembro de alguna corporación policial o agente de seguridad de empresa privada prestadora de ese servicio, en ejercicio de sus funciones, o que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para cometer el delito en cualquier modalidad, la punibilidad se aumentará hasta el doble
