Verifican regidoras que en la Barandilla se respeten los derechos humanos de los infractores

Las regidoras de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Tulancingo, Luz María Ortiz Padilla, Felicitas Vargas y Elsa Mejía, informaron que realizaron un recorrido por el área de retención primaria de la dirección de Seguridad Pública municipal, para verificar que no se atropellen los derechos humanos de quienes ingresen a ese sitio.
Luz María Ortiz Padilla, quien preside dicha comisión, informó que recorrieron las instalaciones del área de la también llamada barandilla, acompañadas del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rafael Guerrero Gómez y del director de Seguridad Pública Víctor Fernando García Casas, y acordaron que revisarán algunos temas de infraestructura, como: pintura y detalles con los baños.
La munícipe, resaltó que en el área de retención primaria tienen un circuito cerrado de televisión para vigilar en todo momento a las personas y cuidar que se cumplan los protocolos requeridos por los Derechos Humanos.
Agregó que el área jurídica de la SSC trabaja para que todos los oficiales asignados al área de retención o que, en su caso, estén con los detenidos, tengan cámaras de seguridad y graben toda la actuación, para tener la evidencia de que lo hacen correctamente y no infringen los derechos de los retenidos.
Recordó que el área jurídica gestiona e imparte capacitaciones en el tema de primer respondiente, entre otros que permiten a los agentes estar actualizados.
Aseguró que, hasta el momento, no ha recibido queja alguna en la comisión que preside y resaltó que tanto ella como el resto de las integrantes de la citada comisión, participan en capacitaciones que imparten en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), para que a su vez puedan implementar acciones para garantizar el respeto a los derechos y difundir esa información.
Puntualizó que mucha gente no sabe dónde pueden ingresar una queja, no sólo contra los policías, sino contra cualquier servidor público, ya que éste tiene la obligación de actuar conforme a los derechos humanos