Para disminuir los espacios de opacidad que aún quedan en el sistema encargado de prevenir y combatir la corrupción en nuestro país, la senadora del Partido Acción Nacional Xóchitl Gálvez Ruiz, impulsa una iniciativa de reformas al artículo 29 de la ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con ello, busca que las declaraciones patrimoniales y de intereses, sean públicas y en ellas se incluyan, al menos, la información relativa a los bienes muebles, inmuebles, valores, inversiones o cuentas bancarias, así como otros derechos o ingresos, cuya propiedad o titularidad corresponda al servidor público.
Así como las que tenga en copropiedad o con terceras personas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
En el caso de las copropiedades o cotitularidades del servidor público, solo se hará pública la información de los bienes o valores, resguardando debidamente el nombre y datos personales del copropietario o cotitular”, se señala en la propuesta de la legisladora hidalguense.
Indicó que la rampante corrupción gubernamental que se acentuó en la década de los años 70, obligó a que el 28 de diciembre de 1982, se modificara integralmente el sistema de responsabilidades del Titulo Cuarto de la Constitución. Este proceso, también conocido como “La Renovación Moral”, tuvo como objetivo poner las bases para combatir la corrupción, atacan do incluso la concepción misma del funcionario público, que cambió s u denominación a “servidor público”.
Manifestó que su iniciativa propone una opción que puede hacer compatibles ambos derechos y objetivos, es decir, tanto la lucha contra la corrupción como los derechos de terceros que no son servidores públicos o que no son particulares contratado s para prestar servicios públicos, ello con el afán de disminuir los espacios de opacidad que aún quedan en el sistema encargado de prevenir y combatir la corrupción en nuestro país.
“Con estas modificaciones, esta iniciativa pretende que sigamos avanzando en el combate y prevención de la corrupción, construyendo un sistema cada vez más efectivo y que cubra todos los supuestos y resquicios por los cuales, algunos servidores públicos, pueden cometer actos de corrupción amparados en las propias fallas legales”, preciso Gálvez Ruiz

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