Hace unos días se celebró un evento de carácter nacional en Pachuca, sobre las personas que trabajan en gobierno y tienen alguna discapacidad. En este contexto vale la pena hacer una reflexión sobre sus condiciones y oportunidades laborales.
Decir por principio que en Hidalgo viven 165 mil 965 personas con discapacidad, equivalentes al 5 % de la población estatal, lo que demanda políticas públicas que garanticen su inclusión y participación efectiva.
De este universo, solo 250 personas con discapacidad ocupan actualmente cargos en el servicio público de Hidalgo; la cifra evidencia la necesidad de fortalecer su representación en los espacios de decisión.
Por esa circunstancia el evento es pertinente porque ante este grupo de personas, es necesario ampliar las opciones laborales que permitan tener un sustento ante la complicada situación que viven todos los días.
Al menos en Hidalgo, como en otras 24 entidades, se cuenta con cobertura universal de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que en 2026 otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales a personas de 0 a 64 años.
También vale la pena resaltar que a través del programa “Hacia una Vida Mejor”, el Sistema DIF Hidalgo destinó 2.8 millones de pesos para impulsar 73 proyectos productivos, promoviendo el autoempleo y la autonomía económica de personas con discapacidad.
Por otro lado. el Gobierno de Hidalgo implementó el programa “Bienestar de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad”, primero en su tipo a nivel nacional, que brinda un apoyo económico bimestral de 2 mil 200 pesos a personas cuidadoras de tiempo completo en los 84 municipios del estado.
Aún con estos apoyos, como se decía antes, falta mucho por hacer. La realidad nos obliga a que la inclusión deje de ser únicamente un principio y se traduzca en políticas públicas, instituciones accesibles y mayores oportunidades.
Por eso se deben de construir mejores condiciones para que más personas participen en la vida pública, ocupen espacios de decisión y contribuyan, desde su experiencia y capacidad, a fortalecer nuestras instituciones.
En este sentido, una sociedad más incluyente no se construye solamente eliminando barreras; también se construye abriendo espacios para que todas las personas puedan participar en las decisiones que transforman a nuestro estado y a nuestro país.
Aunque hay avances que debe reconocerse, también debe haber un llamado a seguir generando condiciones para que más personas con discapacidad puedan incorporarse a los espacios de representación y toma de decisiones.
Porque un gobierno más incluyente también es un gobierno más fuerte. Cuando abrimos espacios a todas y todos, fortalecemos nuestras instituciones y construimos una sociedad más justa, más igualitaria y con mayores oportunidades para todos.