Por Luis G. Ortiz
Las recientes conversaciones entre México y Estados Unidos confirman que la relación bilateral atraviesa una nueva etapa. Lo que hoy está sobre la mesa va mucho más allá de la revisión del T-MEC o de una discusión sobre aranceles. Se negocian temas que definirán la competitividad de América del Norte en los próximos años: seguridad, migración, inversión, energía y cadenas de suministro.
El contexto internacional ha cambiado. La relocalización de empresas, la competencia entre las grandes potencias y la necesidad de fortalecer las cadenas regionales de producción han colocado a México en una posición estratégica. Sin embargo, esa ventaja no se sostiene por inercia. Para aprovecharla se requieren instituciones sólidas, certeza jurídica, infraestructura y un entorno que brinde confianza a quienes deciden invertir.
Por eso, esta negociación debe entenderse como una política de Estado. Lo que está en juego no es únicamente el intercambio comercial con nuestro principal socio económico, sino la capacidad de México para consolidarse como un país confiable, competitivo y atractivo para la inversión en una economía global cada vez más exigente.
La relación con Estados Unidos es asimétrica, pero también profundamente interdependiente. Millones de empleos, cadenas de valor y sectores estratégicos, dependen de una integración que se ha construido durante décadas. Esa realidad obliga a privilegiar la inteligencia sobre la confrontación y la estrategia sobre la improvisación.
Toda negociación de este nivel está marcada por intereses políticos. Ningún gobierno llega a la mesa pensando únicamente en cifras económicas; también lo hace condicionado por sus prioridades internas, las expectativas de sus ciudadanos y los costos que implica cada decisión. Por ello, defender el interés nacional exige firmeza, pero también capacidad para construir acuerdos.
México tiene frente a sí, una oportunidad poco común. La cercanía con el mercado estadounidense, su capacidad manufacturera y el proceso de relocalización de inversiones, pueden traducirse en crecimiento y generación de empleos.
Pero ese potencial perderá fuerza si el país no fortalece el Estado de derecho, mejora la infraestructura y ofrece la certidumbre que hoy demanda la economía global.
Al final, las negociaciones más importantes no son las que ocupan los titulares más llamativos, sino las que generan estabilidad, confianza y oportunidades de desarrollo en el largo plazo. Ahí radica el verdadero reto para México.
Porque no se trata únicamente de negociar un tratado o resolver una diferencia comercial. Se trata de definir el lugar que México quiere ocupar en América del Norte y en la economía mundial.
La pregunta es inevitable: ¿estamos negociando con una visión de largo plazo o simplemente administrando las presiones del presente?