Por Luis G. Ortiz
En México, las elecciones no comienzan el día en que se instalan las casillas ni cuando arrancan formalmente las campañas. La competencia política inicia mucho antes: en giras, eventos públicos, redes sociales, entrevistas y estrategias para permanecer en la mente de los ciudadanos.
En las últimas semanas se han viralizado diversos videos, publicaciones y mensajes relacionados con actividades de algunos actores políticos que han generado cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña. Sin mencionar nombres ni partidos, es evidente que la promoción política ha encontrado nuevas formas de adelantarse al calendario electoral y mantenerse presente en la conversación pública.
Aunque faltan meses para el inicio formal del proceso rumbo a 2027, la actividad política comienza a intensificarse. Algunos aspirantes recorren territorios, encabezan reuniones y fortalecen su presencia pública. Estas acciones forman parte de la vida política, pero también abren una discusión necesaria: ¿en qué momento la promoción personal deja de ser una actividad legítima y comienza a convertirse en una campaña anticipada?
La legislación electoral establece límites para garantizar condiciones de competencia equitativas. Sin embargo, en la práctica, la frontera no siempre es sencilla de identificar. Hoy es posible posicionar una imagen, promover una trayectoria o construir reconocimiento público sin pedir expresamente el voto, pero generando ventajas frente a quienes esperan los tiempos establecidos.
El problema no es que los actores políticos tengan presencia pública. La democracia necesita representantes cercanos y ciudadanos informados. La preocupación surge cuando algunos perfiles llegan al inicio formal de una contienda con una ventaja construida durante meses o años, mientras otros apenas comienzan su camino.
La equidad electoral no debería comenzar únicamente cuando arrancan las campañas; debe garantizarse desde antes.
Pero la discusión electoral también debe centrarse en otro aspecto fundamental: quiénes llegan a las boletas y bajo qué condiciones obtienen una candidatura.
Recientemente, el INE aprobó la integración de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un mecanismo orientado a fortalecer la revisión de perfiles que aspiren a cargos de elección popular e identificar posibles riesgos relacionados con antecedentes que pudieran afectar la confianza pública en quienes buscan representar a la ciudadanía.
Esta medida representa un avance, pero también plantea retos. La revisión de candidaturas debe realizarse con criterios objetivos, información verificable y respeto al debido proceso. La búsqueda de elecciones más limpias no puede convertirse en una herramienta de señalamiento político sin sustento.
En esta tarea, los partidos políticos también deben asumir su papel y revisar con seriedad a quiénes postulan. No basta con elegir candidatos competitivos o populares; también deben garantizar que quienes buscan representar a la sociedad tengan una trayectoria acorde con la responsabilidad que pretenden asumir.
Los actos anticipados de campaña y la integridad de las candidaturas son temas distintos, pero comparten un mismo objetivo: proteger la confianza ciudadana en las elecciones.
Una democracia sólida no se construye solamente el día de la votación. Se construye cuando las reglas se respetan, cuando existe igualdad de condiciones y cuando quienes aspiran a gobernar entienden que una candidatura no es únicamente una oportunidad de poder, sino una responsabilidad pública.
Rumbo a 2027, México tendrá el reto de garantizar procesos electorales más equitativos y candidaturas más confiables. La legitimidad de una elección no depende solamente de contar los votos, sino de la forma en que se llega a ellos.
Y tú, estimado lector, ¿qué debería exigir la sociedad a quienes aspiran a gobernar: mayor presencia pública o mayor preparación, trayectoria e integridad?