Por Aarón Jiménez
En el ejercicio del servicio público y el análisis de los asuntos de Estado, comprender la geopolítica y la seguridad nacional no es un asunto reservado exclusivamente para las altas esferas de la diplomacia; repercute directamente en la estabilidad, la economía y el bienestar de nuestras regiones y municipios.
Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer su Determinación Presidencial para el año fiscal 2027, respecto a los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, un documento que arroja un balance sumamente revelador y de lectura obligada, para entender el pulso de la relación bilateral de nuestro país.
El informe sitúa a México dentro de la lista de los 23 países principales de tránsito o producción de narcóticos, una condición estructural que arrastramos por geografía y dinámica de mercado. Sin embargo, un dato clave del documento es que México no forma parte del grupo de naciones designadas como “incumplidas” —un estigma en el que figuran de manera directa Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia—.
Este posicionamiento refleja que la cooperación y los esfuerzos operativos existentes no han pasado desapercibidos en el plano internacional.
De hecho, el texto contiene un reconocimiento positivo muy claro hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se destaca de manera explícita el incremento en los volúmenes de droga incautada, el contundente desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de mayores recursos tanto de las fuerzas del orden como del Ejército en la franja fronteriza.
Asimismo, la cooperación bilateral y la estrategia de inteligencia, han permitido golpes certeros que culminaron en la neutralización de líderes de cárteles sumamente notorios, entre los que se menciona la caída de “el Mencho”.
Estos logros demuestran que, cuando hay voluntad institucional y capacidad táctica, el Estado mexicano demuestra su fuerza.
No obstante, el balance diplomático y de seguridad no está exento de exigencias severas y llamadas de atención, que exigen una profunda autocrítica y acción inmediata. El documento señala sin ambages que México debe hacer mucho más frente a las organizaciones criminales —calificadas en el tono del informe como narcoterroristas—, que aún ejercen control territorial en diversas zonas del país.
Las exigencias pendientes son claras: reforzar de manera radical la cadena de seguridad en el comercio exterior con mayor participación del sector privado y controles férreos en las inspecciones portuarias, incrementar la inversión presupuestal en las instituciones de seguridad y, de forma imperativa, erradicar y perseguir con todo el peso de la ley a los funcionarios públicos corruptos que brindan protección y complicidad a los cárteles.
En este mismo tenor, México es mencionado junto a Canadá bajo la premisa de que ambos socios comerciales “deben hacer mucho más” para frenar el flujo de sustancias hacia el mercado estadounidense.
En resumen, nos encontramos ante un diagnóstico de claroscuros: un reconocimiento legítimo a los avances y a la disciplina operativa del actual gobierno federal, pero acompañado de un ultimátum en materia de fiscalización, corrupción y soberanía territorial.
Para quienes concebimos la administración pública desde lo local —con la convicción de que un país fuerte se construye desde la solidez de sus municipios—, este panorama nos recuerda que la seguridad y el combate a la impunidad no admiten simulaciones.
La soberanía se defiende protegiendo las fronteras y los puertos, pero sobre todo limpiando las instituciones de la corrupción que debilita el tejido social. Gobernar con orden, legalidad y absoluta transparencia, es la única vía para garantizar un futuro de paz y desarrollo para nuestras familias.
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