Por Aarón Jiménez
Hablar de los ejidos en México, y particularmente en nuestra región de Tulancingo, es invocar las raíces más profundas de nuestra historia social.
La tierra no es meramente un factor de producción económica o un bien de cambio sujeto a las leyes frías del mercado inmobiliario; es el patrimonio histórico, la herencia de los abuelos y el sustento de generaciones enteras que han labrado con sudor el porvenir de nuestra comunidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos hemos presenciado cómo el ejidatario —el pilar olvidado del desarrollo local— se enfrenta una y otra vez a la vulnerabilidad, al despojo silencioso y a la presión de intereses voraces que buscan fracturar la propiedad social.
Frente a este panorama, es imperativo recordar con absoluta firmeza los principios jurídicos y constitucionales que protegen la tierra ejidal. Por mandato de ley, los terrenos ejidales —específicamente las tierras de uso común y las destinadas al asentamiento humano—, están blindados por tres características fundamentales que ningún poder fáctico, ningún vival ni ninguna ocurrencia administrativa puede pisotear: son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Inalienables: Porque están fuera del comercio. No pueden ser enajenadas, vendidas, transmitidas ni cedidas a la ligera, mediante triquiñuelas legales o contratos leoninos que buscan despojar al campesino de su patrimonio legítimo.
Imprescriptibles: Porque el tiempo no prescribe la justicia. Ningún usurpador ni tercero puede apropiarse de la tierra ejidal aduciendo una posesión amañada o prolongada; la propiedad social resiste al paso de los años y pertenece legítimamente a su núcleo agrario.
Inembargables: Porque la ley protege el pan y el techo del campo mexicano. Ninguna deuda mercantil, embargo arbitrario o litigio ajeno a la esencia agraria puede confiscar el suelo que alimenta a nuestras familias. Estos terrenos no se pueden tocar.
Diagnóstico sin tapujos
En un municipio como el nuestro, donde una parte muy significativa de las colonias y asentamientos han crecido históricamente bajo la sombra de la irregularidad agraria, el abandono institucional ha sido la constante.
Durante demasiado tiempo se ha tratado al ejidatario como un sujeto útil únicamente en tiempos electorales, para después abandonarlo en el laberinto de la tramitología burocrática, dejándolo a merced de cacicazgos locales, especuladores urbanos y promesas vacías.
Dignificar al ejidatario no significa regalar dádivas ni otorgar despensas con visión asistencialista; significa reconocer su soberanía territorial, brindar certeza jurídica real, respetar su autonomía interna y garantizar que el desarrollo urbano de Tulancingo no se construya sobre la ilegalidad y el despojo de los ejidos. El crecimiento de nuestra ciudad debe ordenarse de la mano de quienes históricamente han cuidado de este territorio, no en su contra.
Conclusión y exigencia
Es momento de pasar de la simulación al respaldo contundente. Desde esta tribuna ciudadana, hacemos un llamado enérgico a las autoridades de todos los niveles, para poner un alto a los abusos contra los núcleos agrarios de Tulancingo. Defender la propiedad social es defender la viabilidad misma de nuestro municipio.
La tierra ejidal se respeta, porque en ella descansa no sólo el futuro económico del campo, sino la dignidad misma de nuestra gente. Imaginemos y construyamos un Tulancingo donde el ejidatario sea respetado, escuchado y verdaderamente protegido por las instituciones.
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