Bajo la bandera de impulsar los pagos electrónicos en comercios, servicios financieros y trámites gubernamentales, se ha puesto en marcha la llamada Ley de Economía Digital. El argumento oficial suena atractivo: modernizar el país, combatir la informalidad, reducir los delitos financieros e incrementar la inclusión.
Sin embargo, detrás de ese discurso tecnocrático se esconde una realidad preocupante: el gobierno asumirá la facultad de decidir en qué sectores y establecimientos las monedas y los billetes dejarán de ser aceptados como medio de pago.
No se trata, en estricto sentido, de una prohibición total e inmediata del dinero físico. Pero sí marca el inicio de una transición forzada que arrancará en los llamados “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” —como gasolineras, casetas de cobro, estacionamientos y grandes cadenas comerciales—, además de abarcar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
El problema de fondo es que, al aplaudir la digitalización, se están ignorando graves implicaciones económicas, fiscales y constitucionales:
Arbitrariedad e incertidumbre jurídica: La reforma vulnera el principio de reserva de ley al entregarle un cheque en blanco a la Secretaría de Hacienda. El Congreso no definió mecanismos claros ni criterios objetivos para seleccionar qué rubros serán digitalizados a la fuerza, dejando a los ciudadanos en vilo sin saber qué otros negocios dejarán de recibir efectivo ni en qué momento ocurrirá.
Desigualdad y discriminación: En un país donde millones de personas carecen de cuentas bancarias o de acceso estable a internet, volver obligatorio el pago digital equivale a cerrarles la puerta de servicios básicos y actividades cotidianas. Lejos de incluir, la medida excluye.
Golpe a la libertad de comercio: La transición impone costos operativos, comisiones y barreras tecnológicas que terminarán restringiendo económicamente a los pequeños comerciantes frente a los grandes corporativos.
Resulta profundamente contradictorio que, desde un discurso que dice velar por el bienestar social, se imponga una medida de corte tan autoritario, vertical y abiertamente neoliberal.
Obligar a la población a abandonar el efectivo para entregar sus transacciones cotidianas al control y las comisiones del sistema financiero responde más a una lógica puramente capitalista que a una verdadera política de justicia social.
La digitalización no debe imponerse por decreto ni a costa de los derechos de los ciudadanos. En lugar de prohibir el uso de billetes y monedas en la práctica, el Estado debería enfocarse en ampliar de manera voluntaria las opciones de pago electrónico, acompañadas de una verdadera estrategia de conectividad, protección robusta de datos personales y ciberseguridad. Solo así se puede construir una transición digital segura, justa y verdaderamente incluyente.
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