La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobó por unanimidad una reforma para fortalecer la protección de las personas en situación de calle y prohibir que sean víctimas de desalojos discriminatorios, violencia institucional o retiro arbitrario de sus pertenencias, pues dormir en la vía pública no constituye un delito ni justifica actos de maltrato.
La iniciativa fue avalada con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Con esta modificación a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo se establece que ninguna persona podrá ser desalojada de un espacio público, recibir maltrato o sufrir el despojo de sus pertenencias debido a su condición.
El diputado Juan Pablo Escalante Urbán, de Morena y uno de los promoventes de la reforma, explicó que el objetivo es obligar a las autoridades del gobierno del estado, los ayuntamientos, las entidades estatales y municipales, así como a los organismos públicos autónomos, a evitar prácticas discriminatorias, especialmente durante operativos, retiros y desalojos.
Entre los puntos centrales de la reforma destaca la incorporación de una definición legal de las personas en situación de calle.
Esta categoría comprende a quienes temporal o permanentemente pernoctan o habitan en espacios públicos o lugares que no reúnen las condiciones adecuadas de vivienda debido a la falta de una alternativa habitacional.
Asimismo, se establece que esta condición no debe considerarse una infracción ni justificar por sí misma actos discriminatorios.
Tampoco podrán retirarse arbitrariamente las pertenencias indispensables para la subsistencia de estas personas durante los operativos.
La reforma también busca frenar la violencia institucional.
Para ello, las autoridades deberán identificar prácticas discriminatorias, evitar cualquier forma de maltrato o abuso y respetar la dignidad, integridad y pertenencias de las personas en situación de calle, así como garantizar el debido proceso e incorporar la perspectiva de género.
Otro de los puntos contempla la evaluación de los procedimientos utilizados por las autoridades con el propósito de detectar y corregir posibles actos de discriminación.
Finalmente, el diputado aclaró que la reforma no elimina las facultades de las autoridades para administrar los espacios públicos, atender asuntos de protección civil o preservar el orden público.
Sin embargo, establece que dichas atribuciones deberán ejercerse con apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.