Entre la fragilidad de la tierra y la desvergüenza local
Por Aarón Jiménez
La realidad, a veces, se empeña en sincronizar eventos que parecen inconexos, pero que desnudan las carencias y las virtudes de nuestra gestión pública. Hoy martes, mientras el país se vuelca en la expectativa por el encuentro de México contra Ecuador, nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente sostiene a una sociedad y lo que, tristemente, la debilita desde adentro.
La reciente noticia del sismo en Venezuela nos recordó, una vez más, que la capacidad de respuesta y la eficiencia en la atención de emergencias no son un lujo, ni una concesión graciosa, sino una obligación ineludible del Estado.
Cuando la tierra se mueve y la infraestructura se pone a prueba, lo que sostiene a una comunidad no es el discurso, sino la solidez de sus instituciones y la honestidad técnica de quienes las administran.
Hoy, la atención nacional está puesta en el terreno de juego, donde el aficionado entiende de resultados, de estrategias y de errores tácticos. En el deporte, como en la política municipal, el marcador no miente: si no hay ejecución, no hay victoria.
Esa misma exigencia de resultados, de transparencia absoluta y de lealtad al propósito colectivo que hoy pedimos para nuestro equipo nacional, es la que, con mayor rigor, deberíamos exigir para nuestra administración en Tulancingo.
Sin embargo, aquí la realidad es otra. Es inaceptable, por decir lo menos, que una oficina diseñada por y para los sectores más vulnerables, como la Dirección de Pueblos Indígenas, se haya convertido en un foco de opacidad y presuntos actos de abuso.
Hemos recibido señales claras de lo que parece ser un robo sistemático a la confianza —y al patrimonio—, de quienes más apoyo necesitan. No se trata solo de dinero; se trata de la dignidad de nuestras comunidades originarias que han sido ignoradas o, peor aún, utilizadas como piezas en un tablero de intereses particulares por quienes deberían estar a su servicio.
La lentitud para actuar ante estos señalamientos no es casualidad; es una estrategia deliberada de inacción. La opacidad es el refugio favorito de la ineficiencia. ¿Hasta cuándo toleraremos que los asuntos de nuestra gente, sean tratados con negligencia mientras el tiempo administrativo se agota y los asesores y mandos medios parecen estar más ocupados en el beneficio propio que en el bien común?
La falta de ética en el manejo de recursos destinados a los grupos más necesitados es una mancha que ninguna justificación puede limpiar.
Tulancingo merece una dirección que no solo conozca a sus pueblos, sino que los respete y los represente con decoro. La ciudadanía está despertando y ya no se conforma con promesas vacías; exige rendición de cuentas, prontitud en la justicia social y, sobre todo, una administración que no le robe la esperanza a su propia gente.
Si aspiramos a una ciudad donde el talento y la justicia sean el eje rector, debemos erradicar estas inercias de opacidad que tanto daño le hacen a nuestra administración.
El marcador está en juego. Es momento de exigir resultados, dejar atrás la simulación y terminar de una vez por todas, con el abandono institucional. Imaginemos una gestión que cuide lo que es de nuestra gente, con la misma pasión y precisión que exigimos en los grandes momentos de nuestra vida pública.
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