Al no estar en operaciones el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en el estado, no existe una acción legal para destinar los recursos públicos recuperados por la extinción de dominio de inmuebles.
Mientras no exista la figura jurídica, el Instituto de reciente creación está impedido para tal efecto, aseveró su director Carlos Arturo Sánchez García.
Si bien, llevan siete meses en la creación del mismo, explicó que no es un asunto sencillo debido a que, es indispensable cumplir con 17 lineamientos jurídicos, así como los manuales de operaciones de entrega- recepción y demás cuestiones en materia de actividades jurídicas que aún están pendientes.
El director jurídico Genaro García García, precisó que se trabaja en cuanto al marco jurídico, el estatuto orgánico, lineamientos de control, formalización de 17 lineamientos en proceso de publicación, además de la revisión de amparos contra posibles decisiones que pudieran tomarse cuando se trate de administrar esos bienes incautados.
Detalló que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, será el ente jurídico que determinará cuándo es procedente la extinción de dominio, es decir, el aseguramiento de bienes inmuebles, producto del ilícito cometido en agravio del pueblo.
Para tal efecto, es indispensable dar cauce en materia civil a un juicio oral y demostrar que dicho bien fue asegurado por cuestiones relacionadas con la delincuencia.
Destacó que hasta que no exista la sentencia condenatoria, no puede echarse mano de estos bienes inmuebles. En este contexto, se conoce que actualmente hay cuatro procesos civiles debido al procedimiento de extinción de dominio.
“Por el momento no nos ha notificado la Procuraduría General de Justicia. Debe haber un declaratoria para hacer un estudio para administrarlo y sea enviado al gabinete superior que definirá a dónde será destinado”.
Los 15 servidores públicos que forman parte del Instituto Estatal suman una nómina promedia los 80 mil pesos mensuales, recursos que son enviados por la Secretaría de Hacienda, ya que no es un organismo descentralizado que cuente con recursos propios.
En tanto, la alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno subrayó que “el contar con recursos extra para obra pública reduciría drásticamente la brecha de desigualdad que existe en la demarcación y con ello, continuaría la transformación en Actopan.
La “Estafa Siniestra” es un caso de red de corrupción mediante el cual fueron desviados 522 millones de pesos a través de 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo durante la pandemia de Covid-19”.
Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, afirmó que los recursos que ha solicitado de manera formal al Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, serían parte de la llamada Estafa Siniestra.
