Acusan uso irregular de fondos públicos en el ayuntamiento de Tulancingo

La presidenta municipal Lorena Cázares García enfrenta señalamientos por presunto peculado, luego de no justificar el destino de recursos públicos que habrían sido aplicados a personas ajenas al ayuntamiento.
Así lo señaló el doctor en derecho y ex agente del Ministerio Público, Fernando Hernández Peralta, quien sostuvo que no se trata de una omisión administrativa, sino de un posible desvío de apoyos.
Las acusaciones derivan de denuncias presentadas por el síndico hacendario Pedro Hiram Soto Márquez ante el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la procuraduría estatal.
En esta última instancia también fue incluido el secretario particular de la alcaldesa, Fernando Vital Licona, así como quien o quienes resulten responsables. La carpeta de investigación quedó registrada con el número 12-2025-04645.
Hernández Peralta explicó que el delito de peculado está previsto en el artículo 308 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo. Señaló que se configura cuando un servidor público se apropia, utiliza o desvía recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
Precisó que esta conducta incluye dinero, bienes o valores que el funcionario haya recibido por razón de su cargo. También abarca el uso de fondos públicos para promover la imagen personal, la de un superior o la de un tercero, así como para denigrar a cualquier persona.
El especialista detalló que las sanciones varían según el monto involucrado. Cuando no supera el equivalente a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se contemplan penas de tres a siete años de prisión y multas de 100 a 200 UMAs.
Si el monto excede ese límite, las penas aumentan de cuatro a 14 años de prisión, además de multas de 200 a 500 UMAs. Finalmente, indicó que los presidentes municipales no pueden ser procesados penalmente de forma inmediata debido al fuero constitucional. Explicó que se requiere una declaración de procedencia por parte del Congreso del estado para retirarlo y permitir que enfrenten un proceso conforme a la ley penal.