Hemos visto el video de la gobernadora con la amenaza y la seguridad, contra quienes son voceros del movimiento de policías en aquella entidad.
En primer punto, parece más que raro que una gobernadora pueda asegurar el futuro de un proceso, sin que se haya escuchado y sin que se le haya permitido una defensa, a quienes se les acusa de diversos actos.
En segundo punto, parece una gran soberbia pensar que su versión es la única, sin que exista una sola prueba y sin que tampoco exista un proceso en ese momento.
Máxime que hasta antes del movimiento policiaco no existiera ningún tipo de procedimiento en contra de dichos elementos.
No obstante, parece que este es un momento crucial para las y los policías de una verdadera independencia en su actuar. Al percatarse que las ordenes que no se encuentran en el ámbito de la ley, no deben de ser acatadas y que todo aquello que es contrario a derecho será contrario a ellos mismos.
Del mismo modo, que como sociedad debemos valorar las violaciones a derechos humanos que sufren nuestros cuerpos policiacos y darnos cuenta, que bajo ese contexto es imposible transitar a un verdadero Estado Constitucional de Derecho, puesto que quienes deben de ser los primeros en ser protegidos por la norma para proteger a los demás, no viven esa sensación de respeto por la ley.
No puede concebir a una gobernadora que desde su posición de autoridad, considera que pueda ordenar la destitución de policías sin que exista un juicio justo, como si fuera una revancha o una venganza personal.
Máxime que hasta este momento no ha existido un proceso publico y abierto sobre la responsabilidad de los superiores de dichos policías, que les ordenaron ir a una cárcel para ser golpeados y violentadas sin la debida seguridad.
juanfer_lm@jfg