El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Mendoza Bustamante, afirmó que detrás del intento por desaparecer los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, está una maniobra del gobierno federal y de Morena, por debilitar al Poder Judicial de la Federación, lo cual, advirtió, no se lo van a permitir.
Dijo que por ello, junto con el coordinador de su bancada, Rubén Moreira Valdez, interpusieron una acción de inconstitucionalidad, respaldada por los tres partidos que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), contra la desaparición de estos fideicomisos.
El legislador hidalguense insistió en que la necesidad de denunciar que las intenciones del gobierno de López Obrador y el partido de Morena por desaparecer los 13 fideicomisos, está una maniobra por debilitar al Poder Judicial, ataque y vulneración que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad que se presentó en días pasados.
Refrendó el apoyo irrestricto de estos tres partidos políticos a la gestión de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien dijo, es una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia.
Precisó que la acción que interpusieron en días pasados, responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado, se cometieron violaciones dado que se aprobó en el Pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad.
Dijo que en la argumentación se destaca que el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor.
Asimismo, Mendoza Bustamante aclaro que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos.
“De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacó.

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