Por más de seis millones de pesos, un servidor público de la Secretaría de Agricultura fue evidenciado por el diputado local, Fortunato González Islas, quien instó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, dar cumplimiento en materia penal y administrativa por el delito de fraude.
El también presunto integrante de la organización Francisco Villa, ha timado a más de 500 personas de cuatro municipios: Calnali, Chapantongo, Huejutla y Xoachiatipan.
Al aprovecharse de las “influencias” con altas esferas públicas, Marco Antonio Priego Saavedra, quien goza de un encargo en la Secretaría de Agricultura del Estado, es acusado por fraude en agravio de 270 agricultores, de los cuales, 90 son vecinos de Chapantongo.
Marcelino Lugo Vega, presidente de la organización de Pueblos Unidos por el Desarrollo de Hidalgo, manifestó, en las reuniones que este personaje ha sostenido con agraviados en las últimas semanas, Priego Calva se comprometió a pagar hasta el mes de febrero un 50 por ciento, sin embargo, exigen el monto completo.
El diputado morenista puntualizó que debe cumplirse con los preceptos de la Cuarta Transformación, de ahí que no se permitirá este tipo de abusos en contra de personas vulnerables.
Pidió al encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto Castillo, dar seguimiento a la carpeta de investigación PGJH/12/FEDC/1346, ya que hasta el momento, se habla de 270 campesinos defraudados por Marco Antonio Priego.
Este funcionario público fue denunciado en 2021, por haber sorprendido a la gente con programas de vivienda, por lo que solicitaba montos por 26 mil pesos o más, dependiendo del caso y, presuntamente, habría de ocupar este dinero para construir cimientos de los llamados pies de casa.
“Hay personajes que se sienten dirigentes y cometen fraudes como sucedió en Calnali, Xochiatipan donde, 190 fueron sorprendidos por el trabajador de la Secretaría de Agricultura.
De igual forma, lo acusan de ostentarse como licenciado en Derecho, por lo que pide a cada uno de los campesinos una cuota de inscripción de 2 mil 500 pesos, además de solicitar montos entre 25 mil y 50 mil pesos.
Hasta hoy, los afectados han recabado documentos firmados por sus cuñados, padrastro y de sus hermanos, con la promesa de otorgar vivienda a las familias hidalguenses.
