Hace unos días la Primera Sala resolvió que la reducción del presupuesto que realizó la Cámara de diputados al Instituto Nacional Electoral es inconstitucional ya que, sostiene que no motivo el razonamiento lógico jurídico por el cual realizó tal reducción; así mismo estableció que tal reducción violenta los derechos político electorales de los ciudadanos.
En tal sentido, me parece una resolución digna de estudio ya que, en un primer momento establece una clara limitante en las decisiones legislativas puesto que, contrario a un pensamiento tradicional no son suficientes los votos establecidos como mayoría, sino que dichas resoluciones deben de ser apegadas a derecho y en especial a la constitución.
Por tanto, es que considero que se puede vislumbrar un Estado Constitucional de Derecho por medio del cual se ha protegido la independencia de dos poderes autónomos que en orden constitucional deben de tener la misma prevalencia.
En consecuencia, es que la protección se origina mediante una interpretación constitucional y armónica que busca la prevalencia del Estado Constitucional de Derecho con la única finalidad de salvaguardar tanto la Constitución como los derechos establecidos en ella.
En ese mismo sentido, he de señalar que la resolución me parece apegada a derecho al solicitar una justificación jurídicamente vinculante para que pueda ser considerada valida la decisión de afectar el patrimonio de un Instituto que garantiza los derechos político electorales de los ciudadanos.
En segundo punto, la idea de garantizar los derechos político electorales mediante el presupuesto completo y sin reducciones es fundamental para poder establecer la necesidad de los recursos necesarios para garantizar derechos.
Por tanto, es que un poder no puede impedir la actividad de garante de derechos mediante el control presupuestal del mismo y considero que si ello, es la finalidad del Estado Constitucional de Derecho ha permeado en la presente resolución.
Finalmente, puedo establecer que la presente resolución garantizar no solamente los derechos de todos los habitantes de nuestro país sino que crea un precedente fundamental en México.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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