Votar desde la cárcel será, a partir de la elección de la gubernatura, una realidad.
Fue el 20 de febrero de 2019, cuando una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, bajo la premisa de que aún no han sido encontradas culpables del delito por el que se les acusa, y por tanto, aún pueden ejercer sus derechos políticos. Esto fue posible a partir de la petición de dos hombres indígenas que no habían recibido sentencia condenatoria y exigieron respetar su derecho al voto.
Dentro de los efectos de la citada sentencia, se ordenó́ al INE implementar una etapa de prueba para garantizar a partir de 2021, el voto activo de las y los presos no sentenciados. Para la elección de la gubernatura en Hidalgo la implementación se realizará entre el IEEH y el INE.
Hasta septiembre del 2021, había un registro de mil 171 hidalguenses en prisión con posibilidad de votar. Y si bien en el estado hay 12 centros de readaptación y tres cárceles municipales, solamente en Pachuca, Tula, Tulancingo y Jaltocán, podrán votar.
¿Cómo se harán campañas, cómo se les hará llegar la información, cómo se garantizará la secrecía del voto?
No está fácil, pero el mecanismo es muy similar al del voto por correo desde el extranjero. Se les registra, se les manda la boleta e información de las plataformas políticas, ellos la marcan con anticipación y la regresan.
¿Y por qué importa que una persona privada de la libertad pueda votar? Porque implica un avance en la ampliación de derechos y también abre la puerta a la discusión del acceso a la justicia en México.
Aunque más que preocuparnos en cómo y porque van a votar, debería preocuparnos porque hay mil hidalguenses que pasan encarcelados meses, incluso años en la espera de una sentencia. Y mientras esta no llegue votar es su derecho
