Pachuca.- Las cinco personas que aspiran a ocupar la vacante en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo para el periodo 2022-2017, todas trabajadores o extrabajadores del gobierno estatal, serán entrevistadas el próximo viernes.
Entre ellos está Rogelio Lemus Callejas, quien laboró en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal y desde 2018 a la fecha como subdirector de área de seguimiento a auditorias y archivo de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI). Asimismo, en 2020 participó en la misma convocatoria.
También Giselle Ivette Cortés Coria, quien entre 2017, 2018 y 2019 trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); en la Secretaría de la Función Pública (SFP), como subdirectora de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; y en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), como titular del área de responsabilidades y quejas. En 2020 llegó al gobierno de Hidalgo como titular de un Órgano de Control Interno; en el último trimestre de ese año fue titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Pachuca durante la administración del Concejo Municipal, a cargo de Tania Meza Escorza; y en 2021 regresó al gobierno estatal, como directora general de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Sonia González Cartagena trabajó durante la administración del exgobernador Francisco Olvera en la Secretaría de Administración y Finanzas, en el Sistema Integrado de Transporte Masivo y en la Secretaría de Contraloría y Transparencia; de 2018 a principios de 2020, ya con la administración de Omar Fayad Meneses, laboró en el régimen Estatal de Protección Social en Salud como subdirectora del Órgano Interno de Control; en el último trimestre de 2020 fue titular de la Unidad Sustanciadora y Resolutoria de Tetepango de la Contraloría municipal; y actualmente es titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia municipal de Pachuca, cargo en el cual estuvo relacionada con la inhabilitación por un año de cuatro regidores de oposición al gobierno del priista Sergio Baños Rubio por no presentar su declaración de situación patrimonial.
Rosalba Sánchez Molina, quien desde la administración de Olvera Ruíz y hasta la de Fayad Meneses, se ha desempeñado en la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
Así como Héctor Domingo Cano Gómez, que de 2016 a 2018 trabajó en el gobierno estatal como subdirector de control y evaluación de desempeño en la Dirección de Seguimiento Administrativo. Además, en 2019 el gobierno estatal le asignó un contrato por 1.8 millones de pesos por un servicio de capacitación a 100 servidores públicos para obtener el registro de la certificación en materia de Control Interno como entidad evaluadora y certificadora
