Luego de que Periódico Ruta dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los recursos bancarios de Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, empresa propiedad del Benjamín Rico Moreno, el excandidato priista de la coalición Va por México a diputado federal aseveró que el congelamiento fue realizado de manera irregular tres día antes de las elecciones del 6 de junio, como parte de “una campaña de persecución”.
“La cuenta de mi empresa fue irregularmente congelada sin notificar razón legal alguna por la UIF el día 3 junio (sic); y oficialmente me informaron de este acto hasta el día 7 de junio (al día síguenos de los comicios)”, expuso el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Recordó que, “ante esta acción”, a través de un juicio de amparo solicitó la protección de la justicia federal cuatro días después de perder la elección, y el 11 de junio el Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo le otorgó la suspensión provisional contra el congelamiento.
El alcalde suplente de Pachuca aseveró que hasta el momento no existe “ningún procedimiento legal” en su contra “ante ninguna autoridad”.
“Yo seguiré el proceso legal con mi equipo jurídico para poner fin a esta campaña de persecución”, añadió en el comunicado.
Rico Moreno, cuya familia está involucrada en el negocio de la construcción, afirmó que es empresario desde hace más de 40 años. Aseveró que se ha conducido “con honestidad en el ámbito público y privado”.
“La campaña terminó y yo, como empresario de la construcción, seguiré haciendo lo que siempre he hecho: Trabajar, generar empleo y contribuir a la construcción de un Hidalgo más próspero y mejor para todos”, compartió en su publicación.
En marzo pasado, tras la publicación de un medio local que aseguraba que el entonces precandidato priista era investigado por la UIF derivado de movimientos financieros millonarios, el alcalde suplente de Pachuca afirmó desconocer la pesquisa en su contra e incluso, dijo, acudió a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP) a solicitar información.
Además, el también empresario aseveró que la filtración del presunto expediente se trataba de “guerra sucia” para evitar su postulación como aspirante a legislador federal por el distrito capitalino.
Asimismo, durante la contienda electoral recriminó a su contrincante morenista, Lidia García Anaya, su vínculo con el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, preso en el penal de Almoloya, acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. También propuso crear una comisión para investigar el manejo de los recursos de la casa de estudios.