Las reformas a los procesos jurisdiccionales parece que se han puesto de “moda” en nuestro país en estos últimos tiempos.
Empezamos con la reforma al sistema penal, al sistema laboral y ahora al sistema procesal civil y familiar, sin dejar de mencionar la incipiente reforma al amparo, que si bien no ha sido procesal si ha tenido dicha tendencia.
No parece que dichas reformas sean ni incorrectas ni inadecuadas, pero si es de extrañar que estén surgiendo en estos momentos. Pareciera que ante un reiterado reclamo social, estas reformas sean parte de una estrategia en conjunto, para hacer frente a esta crisis de seguridad jurídica.
Poco podremos avanzar en establecer si estas reformas son o no convenientes, puesto que hoy son una realidad.
En cambio, considero que la pregunta es saber si pueden funcionar o no en esta estrategia en conjunto, porque lo cierto es que los antiguos sistemas como tal, no fueron tachados ni de inconstitucionales ni se ha nulificado proceso alguno.
Sin embargo, aquello que permea una y otra vez en estos sistemas, es la necesidad de la participación eficiente, eficaz y objetiva de los órganos jurisdiccionales; pareciera que a nivel nacional se ha reiterado la falta de confianza con dichos órganos jurisdiccionales. Tal fue el grado incluso de llamar a una votación para otorgar legitimidad a una suprema corte.
En tal sentido, si bien estos nuevos sistemas dotan de participación pública, activa y transparente a los órganos jurisdiccionales ello, en sí mismo ayuda a que, la labor jurisdiccional pueda ser visualizada en tal sentido.
No obstante, no es suficiente como lo vimos en sistemas anteriores que la propia normativa otorgue dicha eficacia, sino que aquellos que tienen en sus manos la decisión jurisdiccional puedan legitimarse y demostrar a lo largo de sus decisiones ser le respuesta no que se quiere, sino que en justicia se necesita y solo de esa manera considero se superara esta crisis.
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