La conversación económica está encendida debido al monto de la deuda pública del país, que se estima que para 2027 ronde los 20 billones de pesos.
Al grado de que, el pasado 22 de septiembre, durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, el periodista Jorge Chaparro Acosta puso en jaque a la presidenta de la República, al realizarle preguntas como: ¿cuánto tiempo tardará en pagarse esta deuda? y ¿cómo evolucionará en los años venideros?
Para entender este tema debemos partir de explicar que la deuda pública es una obligación financiera que contrae el Estado, cuando los recursos provenientes de la recaudación son insuficientes para pagar sus gastos. Cabe destacar que la deuda pública no necesariamente es mala si se utiliza adecuadamente.
Es decir, siempre y cuando se invierta en activos que más adelante impulsen el crecimiento de la economía, por ejemplo: presas, carreteras, refinerías, aeropuertos, educación o salud entre otros.
Puede ser de dos tipos: interna y externa. La deuda interna se contrata en el mercado financiero interno, a través de instrumentos como los CETES, y se paga en moneda nacional; la deuda externa, por el contrario, se contrata y se paga en moneda extranjera. Puede contratarse a tasas de interés más bajas, pero es más riesgosa porque está sujeta a las variaciones del tipo de cambio y de las tasas de interés.
Referente a la duración, esta se paga a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del instrumento financiero que se haya contratado.
¿A quién se le debe? A bancos, Afores, fondos e inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros.
Sabiendo lo anterior, nuestro país planea una deuda de 21.6 billones de pesos, que equivale al 55% del PIB, de la cual el 78% es deuda interna: 16.8 billones de pesos; y 4.7 billones corresponden a deuda externa.
Situación que cobra gran relevancia debido a tres aspectos.
El primero: la cifra representa el monto más alto en la historia, sorprendiendo la rapidez con la que se incrementó, puesto que hasta 2018 el monto de la deuda rondaba los 10.2 billones de pesos y, en solo ocho años, se duplicó dicho monto. Es decir, el endeudamiento creció más rápido que la economía.
Segundo: gastamos más en programas sociales, en tratar de rescatar a Pemex y en obras mal planeadas que no solo sobrepasaron sus costos iniciales, sino que se quedaron lejos de alcanzar los rendimientos esperados. Esto ha derivado en poca recaudación y un crecimiento económico mediocre.
Tercero: el deterioro del Estado de derecho, el aumento de la incertidumbre institucional y el manejo macroeconómico elevan el riesgo de pérdida de confianza de quienes prestan el dinero. Hace unas semanas, las grandes calificadoras del mundo prendieron sus alertas sobre el país, viéndonos como más riesgosos y amenazando con quitarnos el grado de inversión, lo cual derivaría en que cada vez sea más caro que se nos preste dinero.
Situación que es preocupante: cada vez gastamos más dinero en pagar intereses de esa deuda. Hoy, uno de cada cinco pesos se utiliza para pagar intereses de la deuda.
El problema no es deber; todos los países tienen deuda, pero la utilizan para financiar educación, salud, obras y otros proyectos, controlando que el endeudamiento no crezca más rápido que su economía.
El verdadero reto consiste en controlar ese crecimiento acelerado del endeudamiento, resolver lo antes posible la situación de Pemex, puesto que se está convirtiendo en un barril sin fondo; gastar con mayor responsabilidad y transparencia, así como combatir frontalmente la corrupción para evitar los sobrecostos de las obras faraónicas e improductivas de la 4T; reducir la burocracia, recaudar de una manera eficiente y justa, y apuntalar el crecimiento económico.
De lo contrario, habrá que recordar la crisis de la deuda de 1982.