Por Luis G. Ortiz
La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) va más allá de cuestionamientos administrativos. Las presuntas irregularidades en contrataciones, la difusión de grabaciones y el descontento de sus trabajadores han colocado al organismo en una situación que pone en duda su credibilidad y la confianza que debe inspirar en la ciudadanía.
Las grabaciones difundidas recientemente han reavivado los señalamientos sobre posibles acuerdos entre antiguos funcionarios del instituto y empresarios vinculados con proveedores electorales.
Más allá de las investigaciones que deberán determinar si existieron responsabilidades, lo preocupante es la posibilidad de que intereses particulares hayan encontrado espacios dentro de una institución que debería conducirse con imparcialidad, transparencia y legalidad. Una situación así no puede minimizarse ni quedar sin consecuencias si se comprueban las irregularidades.
Desde el gobierno federal también se ha planteado revisar las relaciones entre proveedores y organismos electorales, incluso las que se originaron en administraciones anteriores. Sin embargo, convertir el caso en una disputa sobre quién tuvo mayor responsabilidad no resolverá el problema. La rendición de cuentas debe aplicarse sin distinciones y alcanzar a cualquier persona involucrada.
A este escenario se sumó, el 9 de noviembre, el paro de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, quienes exigieron mejores salarios y condiciones laborales. La movilización frente a las oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México, evidenció el descontento de quienes sostienen diariamente su operación.
Aunque se alcanzó un acuerdo para reanudar actividades y revisar la posibilidad de mejorar el incremento salarial del seis por ciento ofrecido, el conflicto dejó al descubierto otras debilidades internas.
Son problemas distintos, pero reflejan una misma necesidad: revisar cómo se ejerce el poder dentro de las instituciones públicas. No basta con exigir transparencia hacia afuera si no existe congruencia en el interior.
El desafío será todavía mayor en 2027, cuando el INE deberá demostrar que conserva la independencia y la capacidad necesarias para organizar elecciones confiables. Su responsabilidad no se limita a cumplir con los procedimientos electorales; también debe garantizar que sus decisiones estén libres de intereses particulares.
La democracia necesita instituciones fuertes, pero también capaces de reconocer sus errores, corregir sus fallas y rendir cuentas. La confianza ciudadana no se exige, se construye con hechos.
¿Podrá el INE recuperar la confianza ciudadana si antes no demuestra que está dispuesto a revisar y corregir sus propias fallas?
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