Si un ayuntamiento causa un daño por una actuación irregular o por fallas en los servicios públicos, ya no saldrá del bolsillo del contribuyente.
El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó un acuerdo económico para exhortar a los 84 ayuntamientos a contemplar recursos en sus presupuestos y pagar las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que marca la ley.
Las fallas de los servicios públicos o la actuación administrativa irregular no deben recaer en el patrimonio de las familias hidalguenses.
El acuerdo no solo prevé, una partida presupuestal en casos futuros, también obliga a los municipios a contemplar aquellos pasivos adeudados o no liquidados de ejercicios anteriores, y la reparación a las personas afectadas sea oportuna y legal.
Con esta medida, el Congreso del Estado busca hacer valer la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y consolidar el derecho a la buena administración pública, reconocido en el artículo 3 de la Constitución de Hidalgo.
Es decir, si el gobierno municipal incumplió por falta de atención, tendrá que cubrir los gastos que se generen por esta situación.