En primer punto, los exámenes de admisión tienen el objetivo de que las personas mejor preparadas, sean quienes puedan ser parte de la universidad en virtud de que, su educación en gran medida, es pagada por nuestros impuestos y ante la imposibilidad de poder otorgar educación a la totalidad de las y los estudiantes, es necesario hacer una discriminación con base en sus calificaciones.
En el caso en concreto, la posibilidad de un fraude no solamente empaña la certeza y seguridad que una universidad tiene frente a la sociedad misma que garantice que sus profesionistas sean los mejores y con ello que la calidad de su trabajo para la población, sea la mejor.
En tal sentido, la confianza de las y los profesionistas emanados de una universidad en gran medida garantiza que dichas personas puedan ser dignos representantes de la misma casa universitaria ante el país.
En segundo punto, la transparencia en los procesos genera la confianza de las y los estudiantes en su propia universidad y con ella la certeza de que solo quienes deben de estar en la misma, son quienes pertenecerán a ella.
Lo anterior cuando nuestros impuestos son pieza fundamental de dicho presupuesto puesto que, solo a través de una transparencia y correcta aplicación de recursos se garantiza que el presupuesto de nuestro país se encuentre en las mejores manos.
Lo ocurrió en la UNAM es verdaderamente lamentable y no solo debe ser investigado sino aclarado con tal transparencia, para garantizar que los procesos de selección-admisión y el renombre de la misma institución, no se vean mancillados.
Es de considerarse que al país entero nos debe interesar que nuestros profesionistas se formen en una cultura honesta y justa, para que con dichos valores puedan garantizar su participación profesional en la sociedad.
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