Por Luis G. Ortiz
A partir del 3 de noviembre, las primarias y secundarias de todo el país aplicarán reglas para restringir el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar, incluido el recreo.
Los estudiantes podrán llevarlos a la escuela, pero deberán mantenerlos guardados, salvo en situaciones justificadas o para actividades pedagógicas autorizadas.
La medida busca recuperar la atención de los estudiantes, favorecer el aprendizaje y mejorar la convivencia dentro de las escuelas. No se trata de impedir que los jóvenes tengan acceso a la tecnología, sino de establecer límites a su uso durante el horario escolar, en un momento en el que las pantallas compiten permanentemente con la atención, la interacción entre compañeros y las propias actividades educativas.
Hasta ahí, la discusión parece sencilla.
Pero el celular dejó de ser solamente un teléfono. También es una biblioteca, una herramienta de comunicación y una puerta de acceso inmediato a la información. En una pantalla puede aparecer una noticia, una investigación, una opinión, una denuncia, una crítica al gobierno o también una mentira presentada como verdad.
Por eso, la discusión debería ir más allá de decidir si un estudiante puede utilizar su teléfono durante el recreo.
No existe evidencia para afirmar que esta regulación tenga como propósito impedir que los jóvenes conozcan información crítica sobre el gobierno. Ha sido planteada como una medida educativa relacionada con la atención, el aprendizaje, la convivencia y el uso responsable de la tecnología. La propia autoridad educativa ha señalado que el reto debe ir más allá de restringir dispositivos y avanzar hacia una cultura digital consciente y crítica.
Sin embargo, toda regulación sobre una herramienta de acceso a la información merece una discusión sobre sus límites.
Porque guardar el celular durante unas horas no hace desaparecer el mundo digital. Al salir de la escuela, los jóvenes volverán a tener acceso a redes sociales, noticias, videos, opiniones e información de todo tipo.
Ahí está el verdadero reto.
La escuela no debería limitarse a enseñar cuándo guardar el celular, sino también qué hacer cuando vuelva a estar en sus manos: distinguir una noticia de una opinión, contrastar fuentes, identificar información falsa y cuestionar aquello que aparece en una pantalla.
En una democracia, formar ciudadanos críticos no significa alejarlos de la información, sino enseñarles a relacionarse responsablemente con ella.
La regulación puede ordenar el uso de una pantalla durante algunas horas. La educación debería preparar a los jóvenes para decidir qué hacer con esa pantalla durante toda una vida.
¿Hasta dónde debe llegar la regulación de la tecnología en las escuelas sin convertirse en una limitación innecesaria al acceso a la información?