– Irregularidades suman casi 6 millones de pesos
Obras facturadas, pagadas y no ejecutadas; omisión de documentación comprobatoria y pagos indebidos o improcedentes encontró la Auditoria Suprior del Estado (ASEH), en el Informe de la cuenta pública 2025 del municipio de Tulancingo.
De acuerdo con el órgano de control del Congreso del Estado, la administración que encabeza la morenista Lorena García Cázares, tuvo 40 observaciones en la auditoria de las cuentas del año pasado, de las cuales 12 generaron recomendaciones y 13 hay pliegos de observaciones, que representan un monto por más de 7, 152, 530.00 pesos, mismos que están sujetos a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello, sin eximir responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron dichos resultados.
De acuerdo con el informe de la ASEH, estas observaciones se concentran en deficiencias en adquisiciones y servicios. También se detectaron procedimientos de compra y contratación de servicios con adjudicaciones fuera de norma. Esto implica que contratos se habrían otorgado sin cumplir con los lineamientos de la Ley de Adquisiciones estatal, lo que abre la puerta a sobreprecios o direccionamiento.
La administración incumplió con la actualización de la información que por ley debe ser pública. La falta de transparencia impide que los ciudadanos conozcan en qué y cómo se gasta el recurso municipal.
Se señaló la falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra y fallas en los procesos de entrega-recepción. Es decir, obras que no cuentan con documentación que acredite su conclusión legal y financiera.
El reporte advierte sobre omisión de autorización en diversos gastos y en varios casos no existe documentación que justifique los pagos realizados, lo que impide comprobar que el recurso se aplicó para los fines establecidos.
Uno de los puntos más sensibles del informe es la entrega de apoyos sociales sin acreditar condiciones de vulnerabilidad. Aquí las observaciones acumulan más de 4 millones 550 mil pesos. También se observaron bonos y pagos extraordinarios sin justificación clara.
Los términos no son negociables y si el municipio no logra solventar dichas observaciones, éstas podrían derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso denuncias penales contra los funcionarios involucrados.