La transición de distintos servicios al formato digital es una de las grandes megatendencias de nuestra sociedad. Hoy en día, es posible realizar operaciones bancarias de manera virtual, hacer compras por internet e incluso acceder a diversos servicios gubernamentales en línea. Todo indica que, en el futuro, el uso de los servicios digitales seguirá aumentando.
Este desarrollo ofrece tanto ventajas como riesgos. Dado que el ritmo del cambio es tan acelerado, resulta cada vez más importante identificar los riesgos y pensar en medidas adecuadas para prevenirlos y afrontarlos.
Uno de los principales riesgos está relacionado con la forma en que la revolución digital puede generar desigualdad entre las personas según sus habilidades digitales, dividiéndolas entre quienes pueden desenvolverse en entornos digitales y quienes no cuentan con esa capacidad.
Las personas mayores son especialmente vulnerables, ya que muchas no han tenido la oportunidad de familiarizarse con el entorno digital desde la infancia o la juventud. ¿Cómo pueden participar en la sociedad en igualdad de condiciones si diversos trámites y actividades de la vida cotidiana se realizan a través de plataformas digitales que no pueden utilizar de manera autónoma?
Para evitar que las habilidades digitales se conviertan en un factor de desigualdad, la sociedad debe garantizar que los distintos servicios también estén disponibles de manera presencial. Esto no significa que debamos renunciar a los servicios digitales, sino que debemos mantener la atención presencial como una alternativa complementaria a las opciones en línea.
Además de favorecer la igualdad, la atención presencial ofrece otras ventajas: permite que las personas interactúen más entre sí y, en caso de que se produzcan fallas en los sistemas digitales, evita que la sociedad quede completamente paralizada.
Hoy en día, muchos trámites y servicios todavía se pueden realizar de manera presencial. Es importante garantizar que, también en el futuro, las personas sigan teniendo esa opción.
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