La expansión inmobiliaria en Hidalgo será frenada legalmente, si la garantía del servicio de agua potable no se cumple, requisito que debe anteponerse, sostuvo Claudia Luna Islas, diputada del PAN.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma presentada el 9 de septiembre de 2026 que subordina la entrega de licencias de construcción a la factibilidad real del recurso hídrico.
La modificación al artículo 153 de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial vincula directamente la autorización municipal de fusiones, subdivisiones, lotificaciones y nuevos fraccionamientos a la verificación documental del abasto de agua en el expediente.
Con esta medida queda cerrado el paso a la especulación inmobiliaria, sobre todo, a la entrega de permisos desarticulados que terminan por saturar la red hidráulica o dejar sin servicio a familias enteras.
Aunque la reforma no añade trámites burocráticos repetitivos para los desarrolladores, sí fortalece la certeza jurídica de las familias compradoras y asegura un crecimiento urbano alineado con la disponibilidad de los recursos naturales del estado.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.