Mucho se ha señalado de los procesos que provienen de nuestro vecino del norte hacia diversidad de funcionarios.
No es un tema diverso de muchos que hemos hablado en estas líneas, cuando a un exsecretario que también fue acusado y hoy sentenciado en nuestro vecino país del norte, hablamos bastante del tema.
Hoy vuelve a tener auge y repercusión, los procesos judiciales existentes en Estados Unidos y de ello, se ha hablado casi como si fueran una verdad absoluta.
La presente columna no busca establecer la veracidad o no de las imputaciones hechas por nuestro vecino del norte, sino ser objetivos respecto del grado de compatibilidad de dichas investigaciones a un debido proceso nacional.
La gran diferencia entre los procesos norteamericanos y los nuestros, es la finalidad puesto que mientras nuestro sistema busca garantizar la verdad, el sistema norteamericano es uno que pretende solucionar problemáticas.
En consecuencia, las resoluciones penales emitidas por los jurados se basan en la íntima convicción, es decir, en una decisión por una mayoría de personas, mientras que en nuestro país se pretende generar un sistema basado en una debida motivación de sentencia que implique que cualquier persona resolvería del mismo modo la situación planteada.
De tal suerte que, los procesos americanos no tienden a garantizar ni a sostener una verdad en una sentencia, sino la resolución emitida por un jurado que convencido por una sentencia considero que era correcta la misma, mientras que dentro del sistema nacional aquello que se pretende es un debido proceso que garantice a la luz de cualquier persona, que a través de pruebas licitas la conclusión planteada es la justa y correcta, siendo la más cercana a la verdad.
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