Congreso de Hidalgo enfrenta rezago por omisiones en declaraciones patrimoniales

Las omisiones en declaraciones patrimoniales dispararon las investigaciones internas dentro del Congreso de Hidalgo, donde actualmente existen 59 expedientes administrativos abiertos y ya fueron aplicadas inhabilitaciones contra personal legislativo.
El titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, Julio Daniel Reyes Rivero, informó que desde noviembre de 2024 fueron emitidas 14 resoluciones derivadas de estos procedimientos. Entre ellas se encuentran 11 inhabilitaciones temporales y varias amonestaciones privadas aplicadas a trabajadores de distintas áreas.
El funcionario explicó que cuando asumió el cargo únicamente existía una sanción privada. A partir de entonces, añadió, se reforzó la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas dentro del Congreso local.
Según detalló, la mayoría de las investigaciones corresponde a incumplimientos relacionados con declaraciones patrimoniales, principalmente finales, es decir, de trabajadores que dejaron el cargo sin cumplir con ese requisito legal.
Las cifras muestran cómo el problema creció de manera constante. Mientras en 2023 no existían expedientes por omisiones patrimoniales, en 2024 se registraron 28 casos; para 2025 la cifra aumentó a 50 y en lo que va de 2026 ya suman 58 procedimientos.
Reyes Rivero reconoció que antes existía un manejo más relajado sobre esta obligación administrativa, aunque señaló que tras las modificaciones normativas aplicadas desde 2023, comenzó un endurecimiento en la supervisión y sanción de estas faltas.
Las sanciones pueden alcanzar a trabajadores de base, personal de confianza, asesores e incluso diputados, aunque hasta ahora ningún legislador ha sido inhabilitado.
El incremento de expedientes también generó un cuello de botella en las áreas encargadas de investigar y resolver los procedimientos internos.
Además, el contralor informó que el actual proceso de declaraciones patrimoniales dentro del Congreso registra un avance del 65 por ciento y confió en alcanzar el cumplimiento total antes de que concluya el plazo legal el próximo 31 de mayo.