Es urgente aumentar las sanciones en contra el delito de extorsión, para erradicar la problemática que está afectando a nuestro país como es el soborno por el derecho de piso y las llamadas telefónicas para otorgar “protección en locales”, afirmó el diputado de Morena, Otoniel García Montiel.
Para impedir que los jueces sigan dejando en libertad a los presuntos delincuentes a través del pago de fianzas, el legislador plantea que se realicen reformas al artículo 390 del Código Penal Federal.
Dijo que la extorsión y el cobro de piso son una suerte de impuesto criminal que se alimenta por el silencio de las víctimas.
El legislador hidalguense señaló que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, se calcula que cada extorsionador hace un aproximado de siete mil llamadas al mes actualmente.
Dijo que muchas de estas llamadas son realizadas desde reclusorios usando celulares. “La modalidad de derecho de piso para “brindar protección” usa un lenguaje agresivo y amenaza con afectar el patrimonio de las víctimas o incluso su vida, por lo que en muchas ocasiones tienen que acceder a estas peticiones, o salir huyendo de los comercios para salvaguardar su vida y patrimonio”.
Destacó que, en 2022, el país registró una cifra record de 9 mil 407 víctimas de extorsión vía telefónica, un incremento de 12.3 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 8 mil 380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, propone que se reforme el artículo 390 del Código Penal Federal, para que se apliquen de 6 a 13 años de prisión y el equivalente de sesenta a ciento noventa días de multa a quienes incurran en este delito.
