Una noticia previa al término del año, es la existencia de la venta de vacunas contra COVID en diversas farmacias del país por parte del sector privado. Me parece que será un tema contradictorio para ciertos sectores poblacionales.
En primer punto, nuestro país es uno de aquellos que rara o nunca, ha permitido la participación privada en la vacunación de las personas, puesto que el control y la obligación, siempre ha sido y continúa siendo del Estado.
Sin embargo, ante esta nueva posibilidad, debemos de ser claros que las obligaciones del Estado no ceden ni se disminuyen, sino que se aumentan las posibilidades de las personas para poder tanto imponerse el número como la calidad de vacunas, que considere.
En tal sentido, para el Estado mexicano todas las vacunas que se encuentran al alcance del público, deben de tener la misma calidad mínima necesaria, para hacer frente a la pandemia que se registró.
Lo anterior permite que las personas tengamos una amplia posibilidad de decisión respecto de las vacunas, pero no se puede dejar de lado el costo que estas vacunas implican para cualquier familia y la baja o nula posibilidad, de conseguirlas por parte del gobierno.
En tal sentido, me parece que si existe una clara diferencia entre aquellas marcas que se venden al público en general y las restantes, que se aplican por parte del gobierno y al ser una obligación estatal, quien debe de garantizar la igualdad entre dichas marcas, de manera que sea el propio Estado quien tenga a la mano todas y cada una de las marcas posibles y de mejor calidad posible para la población y solo de esa manera se podrá garantizar una igualdad en el sector de salud.
Lo anterior sin dejar de mencionar la obligación que tiene el Estado de buscar que toda la población se encuentre vacunada, por lo que el registro debe de ser incluso más riguroso.
juanfer_lm@jfg