En un hecho histórico el presidente de la República ha nombrado a quien será la futura ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tomará el lugar de un ministro, que ha sido más que cuestionado por renunciar y permitir que sea este poder y no su sucesor, quien decida dicha designación.
Sin embargo, aun y ante la falta de acuerdo en el Senado, será nombrada ministra lo cual no la deslegitima y demerita de ninguna manera a nivel constitucional, puesto que se encuentra permitido por nuestra máxima norma.
No obstante, dicho nombramiento si da pauta al aumento de especulaciones, respecto de su supuesta falta de imparcialidad y su posible conflicto de interés con el poder ejecutivo.
En tal sentido, si bien no existe inconstitucionalidad, si se encontrara en tela de juicio por parte de una sociedad que busca justicia y que pretende la existencia de un Corte imparcial que garantice los derechos de todas las personas.
Lo anterior en virtud de que el deber constitucional de cualquier ministro o ministra, ya no es con un fracción o partido, sino con la Constitución sin importar si ello incluso implica contradecir a la propia mayoría, que en el momento que se encuentre contra la justicia y el derecho deberá de ser frenada por la misma a través de dichos ministros.
Por tanto, aquello que la calificará, será su compromiso constitucional y las decisiones que como cada ministro y ministra, han destacado y han marcado para la historia de nuestra nación.
Me parecería verdaderamente lamentable que se hiciera realidad, lo que tanto se ha señalado que se convirtiera en una representante de un poder en otro.
Lo anterior en virtud de que ello sería un retroceso en la vida democrática de nuestro país. En ese mismo sentido, sería lamentable que no se hayan podido construir acuerdos sólidos y un verdadero acercamiento entre los diferentes grupos, para lograr una mayor legitimidad que en mucho beneficiaría a nuestra nación.
juanfer_lm@jfg