Una de las mayores críticas que se hacen a cualquier sistema de justicia, es la demora y la tardanza en que pueden llegar las resoluciones, siendo que muchas controversias al resolverse dejan de ser trascendentes en la vida de las personas y ello conlleva, a que la justicia en términos prácticos deje de serlo.
Sin embargo, no podemos dejar de lado la gran carga de trabajo de los tribunales y la dificultad de cada uno de los asuntos, en los cuales están inmersos los derechos de las personas y bajo ninguna circunstancia pueden tomarse a la ligera.
En tal sentido, parece que es muy fácil pregonar respecto de la justicia rápida sin detenernos a cuestionar la importancia que cada asunto tiene para cada persona y la necesidad de que la decisión que se tome, sea la más justa y correcta posible, lo cual no es una tarea nada fácil.
Lo anterior sin dejar de mencionar las limitaciones propias que tiene todo sistema de justicia, como es el caso mexicano en cuanto a la falta de un presupuesto, personal limitado y una excesiva carga de trabajo, además de la falta de independencia judicial y las presiones sociales; así como los ataques a los propios poderes judiciales.
No obstante, se han buscado alternativas que permitan garantizar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita hacia las personas, como lo son las resoluciones de tutela anticipada, las cuales consisten en medidas previas a la resolución definitiva que permiten que las personas gocen de los derechos que incluso pudieran obtener a través de una sentencia definitiva.
En tal sentido, si bien es imposible adelantarse al futuro y a aquello que pudiera decidirse con una resolución, se pretende que las personas puedan disfrutar de ciertos derechos de manera inmediata sin perjudicar a ningun tercero, lo que permite garantizar en mayor medida los derechos de las personas.
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