A casi un año de administración, el gobierno que encabeza Julio Menchaca, inició procesos legales contra algunos ex funcionarios del periodo de Omar Fayad en el estado de Hidalgo. Dichas acciones legales parecen relacionadas con el caso denominado “estafa siniestra”.
Dentro del entramado donde varios ayuntamientos realizaron compras simuladas a empresas no registradas también conocidas como “fantasma”, se llevó a cabo la detención del anterior oficial mayor del gobierno, Martiniano Vega.
Según el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que se integra una tercera denuncia contra el exoficial mayor del gobierno estatal, por su participación en el desfalco de 142 millones de pesos, mientras que a la exsecretaria de Finanzas Públicas, Delia Jessica Blancas Hidalgo, también se le encuentra bajo investigación por una denuncia en la que se involucra.
Estos dos personajes, muy cercanos al gobernador Fayad, representan piezas claves en lo que sería un millonario desfalco a las arcas públicas del gobierno. Estamos hablando de dos casos, uno por presunta responsabilidad en un desvío por 18 millones de pesos, por gastos simulados para atención del Covid 19 y el segundo, por 12 millones de pesos por un sistema informático, que nunca se entregó a la Oficialía Mayor.
Pero eso no es todo. El jefe de despacho de la PGJEH también adelantó que ya se integra una tercera carpeta de investigación contra Martiniano Vega, que lo involucra en la generación de contratos por 142 millones de pesos.
Por su parte, la exsecretaria de Finanzas Públicas Jessica Blancas, también está siendo investigada, aunque todavía no se revelaron los detalles de dicho proceso. Sin embargo, se puede adelantar que a la señalada se le menciona como coparticipe de presuntos hechos delictivos.
Por lo pronto, ya se cumplimentó la del exoficial mayor, mientras que faltan por ejecutar las ordenes de aprehensión todavía contra dos secretarios, otro presidente municipal, un colaborador cercano de un secretario, en este caso, un director general, y el excontralor estatal, quien tiene una ficha roja ante la Interpol.
Bajo este esquema, parece que Menchaca Salazar actúa con determinación ante los presuntos hechos de desvío de recursos públicos. Lo anterior, y otros hechos, ponen de manifiesto que existe la intención de limpiar la casa y dejar un precedente de combate directo a la corrupción.
En este marco, está a punto de cumplirse un año de la actual administración y todo parece indicar que existen elementos para fincar responsabilidad a los exfuncionarios públicos. Eso abona en demasía al mandatario estatal, que celebrará su primer informe de gobierno el próximo 5 de septiembre.
Un buen momento para refrendar el compromiso de erradicar la corrupción en la entidad con hechos que hasta poco hubieran sido inimaginables en el estado que estuvo dominado por 93 años de gobiernos priístas.
También hay una lectura política de estos casos; el jefe de los ahora señalados, parece gozar de cierto margen de maniobra. Fayad renunció al PRI y anda valorando su futuro político en otro partido político. Este asunto también representa un duro golpe para el responsable del gobierno hace apenas un año.