En Hidalgo existen entornos de posible tortura en cárceles y espacios migratorios, advirtió el activista Rafael Castelán, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), al señalar que el tema debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no solo como violencia física o psicológica.
Explicó que la tortura no se limita a castigos para obtener confesiones, sino que incluye otras prácticas.
Por ello, indicó que en la entidad el análisis se ha centrado en los llamados entornos torturantes, es decir, condiciones que vulneran derechos humanos en centros de reclusión.
Añadió que también deben considerarse condiciones estructurales que pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Recordó que la tortura suele asociarse a agresiones de autoridades para obtener declaraciones, pero subrayó que existen otras formas ligadas a las condiciones de internamiento.
Como ejemplo, señaló que los centros penitenciarios de Hidalgo obtuvieron una calificación de seis en una escala de cero a diez, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre las deficiencias mencionó falta de alimentación para bebés que permanecen con sus madres, escasez de insumos de higiene, hacinamiento y otras condiciones que afectan la dignidad.
También se refirió a los espacios migratorios.
Expuso que la estación migratoria en Hidalgo, a cargo del gobierno federal, fue cerrada tras obtener una calificación menor a cinco. Entre las irregularidades citó hacinamiento, falta de higiene y sanitarios deficientes.
Actualmente, las personas aseguradas por el Instituto Nacional de Migración son trasladadas a la Ciudad de México o Puebla.
No obstante, advirtió que se desconoce cuánto tiempo permanecen retenidas las personas migrantes durante los operativos y en qué condiciones.
Además, indicó que las solicitudes de refugio ante la Comar pueden tardar hasta tres años, periodo en el que enfrentan restricciones de movilidad, dificultades para trabajar y riesgo de detención.
Sostuvo que esta situación coloca a la población migrante en alta vulnerabilidad, al igual que a las personas en centros de rehabilitación.
Agregó que en Hidalgo solo existe un establecimiento certificado, mientras operan numerosos anexos sin evaluación.