Ante el incremento de las denuncias por violencia familiar, la diputada Claudia Luna Islas propuso una reforma para sancionar penal y administrativamente a los servidores públicos que detecten casos de violencia de género y omitan denunciarlos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años recientes se han registrado 8 mil 472 denuncias por violencia familiar, de las cuales 7 mil 645 corresponden únicamente a 2025.
Además, de enero a junio de este año se iniciaron 3 mil 589 carpetas de investigación. Pachuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Huejutla, Tula, Ixmiquilpan, Zapotlán, Zempoala y Tepeji del Río concentran el mayor número de casos.
Con base en estas cifras, la legisladora consideró necesario endurecer las consecuencias para quienes incumplan con esta obligación y reducir la brecha entre lo que establece la ley y su aplicación.
Explicó que la reforma al artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca que los servidores públicos den aviso inmediato al Ministerio Público cuando, por razón de sus funciones, tengan conocimiento de hechos de violencia de género.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género y, de aprobarse, sería aplicable a todos los servidores públicos estatales y municipales que conozcan este tipo de casos en el ejercicio de sus funciones.