El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ejecutó un segundo embargo contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta vez por 149 mil 283.62 pesos de un monto total de 460 mil 685 pesos, en beneficio de un ex trabajador de ese instituto político.
La medida se derivó de una resolución de un Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado que falló a favor de Alejandro Infante Arreola.
Durante la sesión del Consejo General, la secretaria ejecutiva del organismo, Dulce María Fosado Martínez, informó que el 14 de abril el IEEH recibió un oficio mediante el cual la jueza Sthefany de la Cruz Martínez solicitó retener 460 mil 685 pesos de las prerrogativas del PRI.
No obstante, explicó que el documento no incluía la resolución judicial que sustentaba el embargo, por lo que el instituto requirió la documentación correspondiente.
Detalló que el 29 de abril el tribunal remitió las copias certificadas del expediente judicial y que, una vez verificados los requisitos de legalidad, el organismo electoral quedó obligado a cumplir el mandato judicial.
Añadió que, aunque la resolución deriva de un procedimiento en materia laboral y no electoral, el IEEH debe acatar las determinaciones emitidas por los tribunales.
Precisó que, después de descontar las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y garantizar los recursos destinados al pago de salarios del personal del PRI, el monto disponible para el embargo asciende a 149 mil 283.62 pesos.
Esa cantidad será entregada mediante un título de crédito expedido a favor de Alejandro Infante Arreola.
También indicó que el órgano electoral notificará al Tribunal Laboral el cumplimiento parcial de la orden judicial, ya que la cantidad retenida es inferior al monto reclamado. Será esa autoridad jurisdiccional la que determine el procedimiento para recuperar el resto del adeudo de acuerdo con las condiciones financieras del partido político.
El acuerdo aprobado también instruye a las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Administración y Jurídica a realizar los trámites correspondientes. Además, establece que la Secretaría Ejecutiva deberá informar al Consejo General una vez que el embargo haya sido ejecutado.