Por Luis G. Ortiz
Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos antes de una elección: ¿quién debería decidir quién puede aparecer en una boleta?
La pregunta cobra especial relevancia rumbo al proceso electoral de 2027, ante el reto de evitar que personas vinculadas con el crimen organizado puedan convertirse en candidatas y, eventualmente, ocupar cargos públicos.
El Instituto Nacional Electoral aprobó recientemente la integración de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con el propósito de fortalecer la coordinación con instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. El objetivo es claro: detectar posibles riesgos y evitar que el crimen organizado encuentre una puerta de entrada a las instituciones democráticas.
Hasta ahí, el propósito parece incuestionable. Nadie debería querer que el dinero, la violencia o los intereses del crimen tengan influencia sobre quién gobierna.
Pero el verdadero reto está en cómo hacerlo.
¿Qué debe ser suficiente para impedir que una persona aparezca en una boleta? ¿Una investigación, un informe de inteligencia, una acusación o una sentencia?
La diferencia no es menor.
México necesita mecanismos firmes para proteger sus elecciones, pero también debe preservar un principio fundamental del Estado de derecho: una sospecha no puede convertirse automáticamente en una condena.
Ahí se encuentra el difícil equilibrio. Si las instituciones actúan demasiado tarde, existe el riesgo de que una persona vinculada con actividades criminales, llegue al poder. Pero si actúan sin reglas claras, pruebas suficientes y mecanismos de revisión, también existe el riesgo de que una acusación termine siendo utilizada para impedir injustamente la participación política de alguien.
Por eso, la responsabilidad no puede recaer únicamente en la autoridad electoral. Quienes postulan a una persona (los partidos) para representar a los ciudadanos, también tienen la obligación de conocer su trayectoria y asumir la responsabilidad de sus decisiones.
La democracia no comienza el día en que acudimos a votar. Comienza mucho antes: cuando se define quiénes tendrán la posibilidad de pedir nuestro voto.
México necesita blindar sus elecciones, pero hacerlo correctamente significa construir reglas firmes frente al crimen y, al mismo tiempo, respetuosas de los derechos de quienes participan en la vida pública.
Porque proteger la democracia no significa solamente garantizar que podamos votar libremente. También es garantizar que quienes buscan llegar a una boleta, sean revisados bajo reglas claras, objetivas y transparentes.
El desafío será encontrar ese punto de equilibrio: ni dejar una puerta abierta al crimen organizado, ni permitir que la sospecha sustituya a la justicia.
Y quizá por eso la pregunta más importante no sea solamente quién puede aparecer en una boleta, sino:
¿Quién debería tener el poder de decidirlo y quién vigilará a quienes tengan ese poder?