Para frenar los casos de despojo inmobiliario cometidos contra personas adultas mayores, Orquídea Larragoiti Osorio presentó una iniciativa de reforma que establece protección penal reforzada, atención especializada y garantías para la reparación integral del daño.
El eje fundamental de la propuesta es la adición del Artículo 219 Bis al Código Penal para el Estado de Hidalgo.
El nuevo apartado establece penas de cuatro a 12 años de prisión y multas de 200 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando el despojo se cometa contra una persona adulta mayor y el responsable se aproveche de su edad, aislamiento, dependencia, estado de salud, situación de vulnerabilidad o relación de confianza.
La reforma implica una protección penal reforzada. De aprobarse, quien despoje de su vivienda o patrimonio a una persona adulta mayor aprovechándose de su condición enfrentará una pena de cuatro a 12 años de prisión, además de una multa de 200 a mil UMAs.
Esto representaría hasta 10 veces más que la pena base actual por despojo simple.
Las agravantes por abuso de confianza quedan establecidas en la fracción II.
Esta disposición contempla de manera específica los casos en que el delito sea cometido por familiares, cuidadores, administradores o personas que mantengan una relación de confianza con la víctima y utilicen su aislamiento, dependencia o deterioro de salud para quedarse con su inmueble.
De igual forma, la iniciativa contempla la persecución de oficio. A diferencia del tipo básico de despojo, que requiere querella, bajo esta agravante el delito podrá ser perseguido de oficio.
El Ministerio Público podrá actuar sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, con lo que se busca eliminar una de las principales barreras de acceso a la justicia para este sector.
Con ello, la iniciativa busca cerrar el vacío legal que permitía que muchos despojos contra adultos mayores quedaran impunes y garantizar que la protección de su vivienda no dependa de su capacidad para denunciar, sino de la obligación del Estado de protegerlos.