Los deudores alimentarios podrían tener una nueva restricción laboral en Hidalgo. La diputada Tania Meza presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada y exigir el Certificado de No Deudor Alimentario para ingresar, reingresar o permanecer en empresas del sector.
Hidalgo acumula 500 deudores registrados desde 2019.
Sin embargo, hasta antes de la reforma impulsada por Meza, el registro no era de consulta pública.
La propuesta forma parte de la ruta legislativa que la diputada ha impulsado desde la Ley Sabina y la Ley Monzón.
En diciembre de 2025, el Congreso local aprobó con 19 votos su iniciativa para hacer público el Registro de Deudores Alimentarios Morosos mediante una reforma al artículo 141 Bis de la Ley para la Familia.
Con ese cambio, cuando una persona deja de pagar la pensión alimenticia durante 90 días consecutivos o discontinuos en un año, el juez familiar ordena su inscripción inmediata en el padrón público.
Ahora, en su tercer año legislativo, Meza busca llevar esta medida al ámbito laboral de la seguridad privada.
Su iniciativa plantea impedir que un deudor alimentario porte uniforme o arma o desempeñe funciones de custodia mientras incumpla con la pensión de sus hijas e hijos.
La propuesta sigue la misma lógica que planteó para el personal de seguridad pública y ministerios públicos.
Meza sostuvo que incumplir con las obligaciones alimentarias constituye violencia económica contra las infancias y las mujeres.
Bajo esa premisa, consideró que quien no garantiza el sustento básico de su familia no puede tener a su cargo la seguridad de otras personas.
Con esta iniciativa, Hidalgo avanza en la homologación de la Ley Sabina: sin certificado de no deudor alimentario, no habría empleo en sectores donde el Estado delega funciones de seguridad.