El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Avelino Tovar Iglesias, planteó la necesidad de emprender una campaña de defensa del transporte convencional para evitar la llegada de servicios de transporte particular.
Ante la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), Lizbeth Robles Gutiérrez, solicitó trabajar en alternativas que permitan proteger a los taxistas concesionados y su patrimonio.
Esto, al considerar que miles de ciudadanos exigen opciones de movilidad modernas, eficientes y accesibles ante las constantes deficiencias del transporte público convencional.
Tovar Iglesias cuestionó la estrategia del gobierno estatal contra la operación de Uber y otras plataformas en la entidad.
Al respecto, Robles Gutiérrez informó que las autoridades han detectado hasta el momento servicios como InDrive, DiDi, Cabify, Pronto y BlaBlaCar.
Precisó que se han impuesto 50 multas, 129 vehículos han sido enviados al corralón y las sanciones económicas superan los 4.4 millones de pesos.
El legislador señaló que la llegada de Uber a Pachuca, anunciada para el 19 de octubre después de que la empresa comenzó a reclutar conductores a principios de mes, responde en parte a la insatisfacción de los usuarios con el servicio tradicional.
Por ello, consideró que la defensa del taxi hidalguense también debe contemplar el cumplimiento de las obligaciones del sector y la mejora en la calidad del servicio.
En ese sentido, expuso que, de acuerdo con respuestas a solicitudes de transparencia de la propia Semot, durante dos años no se registró una sola multa contra los concesionarios por cobros excesivos.
Con el nuevo tarifario, el banderazo pasó de 38 a 45 pesos por los primeros cuatro kilómetros, mientras que cada kilómetro adicional tiene un costo de cuatro pesos.
El diputado pidió conocer cuántas sanciones se han aplicado desde el 23 de septiembre; sin embargo, la secretaria no proporcionó cifras sobre las multas por cobros excesivos en su respuesta.
Asimismo, Tovar Iglesias recordó que el artículo 344 del Código Penal para el Estado de Hidalgo contempla penas de dos a cinco años de prisión para quienes exploten el servicio público de transporte sin la concesión correspondiente.
Estas disposiciones también pueden alcanzar a los directivos de las empresas involucradas.
El ordenamiento establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quienes, por cualquier medio y en contravención de las disposiciones legales, exploten el servicio público de transporte en vías de jurisdicción estatal sin contar con la concesión o el permiso correspondiente. Cuando el infractor sea una persona jurídica colectiva, las penas se aplicarán al gerente, director, administrador o representante que haya intervenido en los hechos.
En caso de reincidencia, la sanción aumenta de cinco a diez años de prisión, además del decomiso de los vehículos.