Hace unos días pudimos observar como miembros de una comunidad, privaron de la libertad a 14 servidores públicos entre ellos el alcalde de un municipio de nuestro Estado.
Si bien han intentado justificar dicha actuación como una manifestación por una serie de inconformidades de la autoridad municipal, lo cierto es que no existe ninguna justificación para aquello que vimos en redes sociales.
Maxime cuando el sistema jurídico nacional previene una diversas de recursos, que tienen la finalidad de garantizar los derechos de las personas de forma pacífica y ello es el sentido mismo del estado, de la serie de mecanismos generados por los sistemas de justicia que permiten que ante la inconformidad, incluso con las decisiones del Estado, se permita a la sociedad o a cualquier persona, buscar la justicia que considera que merece.
Sin embargo, irrumpir por la fuerza y pretender coaccionar la paz y el equilibrio social con el objetivo de obtener un beneficio, en nada garantiza ni una seguridad ni una debida respuesta por parte del Estado.
Lo anterior en virtud de que una decisión tomada fuera del marco normativo, nunca podrá ser considerada lícita y por ende tampoco justa, lo que implicaría pensar que la decisión si bien pudiera haber beneficiado a una población, no sabemos si pudiera haber perjudicado a otra.
En tal sentido, parece que el Estado actuó en uso de sus facultades con un saldo blanco al haber irrumpido en la comunidad y liberado a las personas servidoras públicas, salvaguardando de tal forma su libertad, seguridad y dignidad como personas; así como garantizando la paz y la seguridad en el Estado.
Un Estado que demuestra que aun en los momentos más difíciles, preferirá la ley antes que otra cuestión, es sin duda un Estado de Derecho donde la justicia tiene mayor valor que cualquier otra acción.
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